La impunidad que marca los casos de corrupción se mantiene como un problema grave en el país. Un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Tojil reveló que de 24 fiscalías anticorrupción estatales analizadas, entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de mayo del 2020, la judicialización de casos fue de 0 a apenas 13 por ciento.

El reporte da cuenta que, en el periodo mencionado, las fiscalías de Guanajuato, Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí no judicializaron ninguna investigación, es decir, que no hubo casos que se llegaran ante un juez.

La fiscalía anticorrupción con el mejor resultado en el rubro fueron la de Sonora, con apenas el 13% de sus casos judicializados.

“Este dato no sorprende en un país en donde, menos del 2.5% de las investigaciones criminales iniciadas se vincula a proceso, y menos del 1% llegan a juicio”, se precisó en el informe.

En total, las 24 fiscalías anticorrupción con datos iniciaron, en el lapso referido 17,982 investigaciones de las cuales sólo 863 (4.7%) fueron judicializadas.

Desahogo de carpetas

Sobre las determinaciones de las carpetas de investigación, es decir, aquellos casos en los que la autoridad decidió que se fueran a archivo temporal; no se ejerciera acción penal, se abstuvieran de investigar o se aplicara un criterio de oportunidad, Tamaulipas se colocó como la entidad con mayor porcentaje de carpetas de investigación determinadas (71%), seguida del Estado de México (68%) y Zacatecas (57%).

En contraparte, Tlaxcala (4%), Hidalgo (6%) y Colima (9%) fueron las de menor desempeño en la materia.

Sobre las posibles determinaciones, los estados que utilizaron el criterio de oportunidad fueron: Aguascalientes (dos en las 137 investigaciones iniciadas), Chihuahua (uno en las 114 investigaciones iniciadas), Estado de México (cinco en las 6,266), Hidalgo (uno en las 450), Oaxaca (uno en las 1,137), Quintana Roo (cuatro en las 1,516) y Yucatán (uno en las 214).

En este contexto, el informe también advirtió que algunas fiscalías anticorrupción estatales carecen de un diseño institucional adecuado, así como de recursos y capital humano suficiente para su operación.

Presupuesto

En materia de recursos, entre 2019 y 2020 se redujo el presupuesto en ocho fiscalías anticorrupción (Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Colima, Quintana Roo y Veracruz) que fue entre 1 (Guanajuato) y hasta 71% (Quintana Roo) menos.

El reporte de las ONG alertó que, en general, de 24 fiscalías anticorrupción analizadas, ninguna tiene independencia presupuestal ya que su asignación y ejercicio depende de la fiscalía estatal.

“La falta de propiedad de bienes materiales presenta un riesgo para la operación y continuidad de la institución. A nivel nacional, menos de la mitad de las fiscalías anticorrupción reportaron adquirir los bienes materiales”, señaló el documento.

El reporte concluyó que “aunque las entidades federativas ya cuentan con una fiscalía anticorrupción, estas no tienen los recursos, la normatividad, el personal o los procesos adecuados. Por ello, los resultados aún son insuficientes e insatisfactorios”.

maritza.perez@eleconomista.mx