Ante el cambio de administración federal, los asesinatos y desapariciones en México aparecen como principales retos en materia de pacificación, un llamado al que convocó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México encabezan las entidades con mayor número de desaparecidos del país. Hasta el corte de abril pasado, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas o Extraviadas en México, había 37,435 mexicanos de los que no se conoce su paradero.

Así como el 2017 fue el año con mayor número de asesinatos registrados, también fue el año con el mayor número de desaparecidos en el país con un total de 5,477 personas. Si se compara este año con el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el 2013, cuando se registraron 3,854 desapariciones, hubo un incremento de 42 .1 por ciento.

Por otra parte, en materia de asesinatos, la administración federal que está por concluir destacó en el 2014, poco más de un año después de que entrara en funciones, que se había registrado una baja de los asesinatos en México que llegó a colocar el promedio de homicidios dolosos en el país en 17 por cada 100,000 habitantes; no obstante, en la actualidad este indicador ha escalado hasta una frecuencia de 25 por cada 100,000 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Si se compara el periodo comprendido enero y junio del 2014 con el mismo periodo de este 2018, en concordancia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 29 de las 32 entidades del país registran incrementos en el número de víctimas por asesinatos.

En este sentido, el estado de Baja California Sur es el estado con el mayor aumento del primer semestre del 2014 al mismo periodo del 2018, al contabilizarse 19 víctimas de asesinato en el 2014, mientras que para el primer semestre de este 2018, se han registrado 125, es decir, ha habido un aumento de 557 por ciento.

En segundo lugar se ubica Zacatecas, con un aumento de 493% en el número de víctimas por homicidios dolosos, si se comparan las 48 víctimas registradas en el primer semestre del 2014 con las 285 contabilizadas en el mismo periodo de este año.

Mientras que en tercer lugar se ubica Colima con un aumento de 435% si se analizan las 67 víctimas registradas en el 2014 con las 359 de los primeros seis meses de este año.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo, sólo los estados de Campeche, Coahuila y Durango muestran una disminución en el número de víctimas si se comparan los registros del 2014 con los del 2018.

Prevención, para pacificar

Una de las maneras en que se puede pacificar al país, enfatizó Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Ciudadano, es que se realice un enfoque en seguridad pública de prevención.

“Tener un enfoque preventivo significa entender con claridad qué es lo que está sucediendo en el territorio y poder de alguna manera anticiparse a aquellos conflictos que puedan llegar a suceder y esto implica posicionar el estado de fuerza en un lugar determinado, significa capacitar a las autoridades”, dijo.

Cinthya, una de los miles de desaparecidos en México

El 24 de agosto del 2010, un migrante ecuatoriano acudió a un puesto de control de la Secretaría de Marina apenas con signos de vida cerca de la población de San Fernando, en Tamaulipas. El migrante había sido testigo de la masacre de 72 compañeros que buscaban cruzar la frontera norte mexicana hacia Estados Unidos.

Dos años después de los hechos, en el 2012, la Procuraduría General de Tamaulipas mantenía el despliegue de personal para las indagaciones del brutal crimen, incluso personal de oficina.

Entre ellos se encontraba Cinthya Mabel Pantoja de León, una joven criminóloga de 25 años que se desempeñaba al interior de la Procuraduría local en el área de averiguaciones previas.

A Cinthya, quien hasta entonces se desempeñaba como oficinista, se le encargó realizar pruebas forenses del caso y atender a las familias de las víctimas.

Un 22 de abril del 2012, la joven de tez morena clara, cabello negro, ojos café obscuro y una mirada afable —como la muestra en la foto que permanece en los archivos de la procuraduría tamaulipeca—, desapareció en el municipio de Nuevo Padilla; las autoridades no lo explican, ni dan con el dónde ni el porqué. Fue entonces cuando María Josefina León, madre de Cinthya, comenzó la travesía de la búsqueda de su hija que ha incluido episodios de extorsión, puertas cerradas, negligencia de autoridades y dilaciones que ponen a prueba la paciencia.

No había pistas ni razones para la desaparición de Cinthya. Interponer la denuncia en su mismo centro de trabajo, la Procuraduría, fue el paso inmediato que tomó su madre.

Pasaron 48 horas y la búsqueda no inició, ni iniciaría hasta pasados ocho meses, hasta que Josefina acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en busca de ayuda federal en la Ciudad de México.

Tras los esfuerzos y una voluntad a prueba de balas, Josefina obtendría como resultado una cuadrilla integrada por 25 elementos de la Policía Federal y dos caninos de búsqueda que no dieron con el paradero de Cinthya pero sí con muchas fosas clandestinas, un número que incluso por seguridad Josefina se niega a revelar ya que, afirma, se “arriesgaría mucho”.

No obstante, antes de conseguir la cuadrilla, la madre de Cinthya pasó una prueba más; un delito más.

En agosto del 2012, cuatro meses después de haber desaparecido su hija, Josefina comenzó a recibir llamadas de criminales, quienes aseguraron tenerla secuestrada y que exigían un cuantioso pago para su liberación, llamadas que pusieron a prueba el sentido común.

“Uno sabe perfectamente que pudiera ser una extorsión pero en el fondo uno desea que sea verdad lo que te están diciendo”, dice con un fantasma de tristeza en sus palabras.

El resultado, tras acudir a realizar el pago solicitado y cumplir con la forma de entrega señalada, fue el de una esperanza rota, un engaño; “espero y pues no hay nada”, relata.

Ése fue el impulso para que Josefina se convirtiera en una investigadora avezada. El paso siguiente fue solicitar a la procuraduría local las llamadas que había registrado el número celular de su hija, un procedimiento para el que la Procuraduría de Tamaulipas se tomaría dos años.

“Cuando las tuvo ya no estaban las fechas que eran importantes”, indica.

A seis años de la desaparición, Josefina busca a su hija con la hipótesis de que su desaparición está relacionada con su trabajo y los hechos de San Fernando, así como una colusión entre el crimen organizado y la Procuraduría tamaulipeca. En el camino fundó la Red de Desaparecidos en Tamaulipas AC, que genera estadísticas que apuntan que las desapariciones en Tamaulipas han dejado sin jefes de familia a 73 % de los hogares.