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Aseguran que el incendio del ABC fue provocado
Familiares de los 49 niños que murieron en el incendio de una guardería en el noroeste de México en el 2009 denunciaron ante la PGR que el fuego fue provocado para destruir documentos oficiales comprometedores guardados en un almacén contiguo, informó este lunes su abogado.

Familiares de los 49 niños que murieron en el incendio de una guardería en el noroeste de México en el 2009 denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el fuego fue provocado para destruir documentos oficiales comprometedores guardados en un almacén contiguo, informó este lunes su abogado.
Casi cuatro años después de la tragedia, los padres de las víctimas han conseguido recabar distintas pruebas que presentaron ante la PGR y que evidencian que el incendio, que inicialmente se había considerado un accidente, aparentemente fue intencionado para esconder una deuda del gobierno estatal, indicó el abogado defensor Gabriel Alvarado.
El incendio tuvo lugar en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y donde en ese momento se encontraban 141 menores, de los que 49 murieron y 70 más fueron heridos. Las dos únicas puertas de emergencia de la guardería estaban bloqueadas.
La investigación oficial concluyó que el fuego comenzó por el sobrecalentamiento del aire acondicionado de un almacén rentado por el gobierno de Sonora, contiguo a la guardería.
Según el alegato presentado por la defensa, el incendio habría sido provocado por tres sujetos; entre ellos, el guardaespaldas del entonces secretario técnico del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, para supuestamente destruir documentación relacionada con una deuda estatal de 10,000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares).
El mismo guardaespaldas casualmente asesinado de nueve impactos de bala dos meses después del incendio, apuntó el abogado, pidió a los partidos que exigieran la resolución del caso caiga quien caiga .
La oficina de prensa de la PGR confirmó a la AFP que recibieron la denuncia y que evalúan las pruebas para determinar si son objeto de investigación.
Actualmente, hay 28 funcionarios de distintos entes acusados de delitos de omisión por el caso; todos ellos, en libertad bajo fianza.