Al iniciar esta tarde en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el debate sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a expresidentes, el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea anunció su voto en favor de dicho ejercicio y en contra de un proyecto que propone rechazarla.

Al argumentar que consultar si los expresidentes deben ser enjuiciados, Zaldívar consideró que esto no viola los derechos humanos de los expresidentes, como la presunción de inocencia.

Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión”, afirmó.

Aseguró que la consulta popular solicitada no vinculará a las autoridades a actuar o dejar de hacerlo en virtud de los resultados.

“Es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal, no podría tener efectos vinculantes para las autoridades, en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones”, aseveró. Sostuvo que hay consultas que pueden ser vinculantes y otras no.

Afirmó que se han hecho consultas en Argentina, Francia y Austria, “y en ninguno ha tenido efectos vinculantes. Se ha demostrado que pueden tener efectos importantes en la vida púbica”.

El Ministro Presidente de la SCJN dijo que la propuesta del presidente López Obrador “no viola los derechos”, porque “no se está sometiendo a consulta si deben violarse los derechos humanos”.

Desde su punto de vista, “la justicia criminal es sensible a la participación pública”, y la consulta es “un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad”.

“Esto no significa que la justicia penal quede a merced de la opinión pública. La voluntad popular tiene límites y en ningún caso puede pasar por encima de los derechos fundamentes. De lo que se trata es transitar a un modelo de democracia más plural e incluyente.

“La consulta que se nos plantea no expone a nadie a nadie como culpable ni es sugestiva. La materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Lo que la consulta busca es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en las que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, conforme a las leyes y los procedimientos aplicables. Es falso que la consulta implique una exposición mediática estigmatizante y por tanto que pueda generar un efecto corruptor en las investigaciones que se realicen.

“No va provocar una presión desmesurada en las autoridades, pues éstas podrían sentirse obligadas, y que esto violaría la presunción de justicia. No podemos presumir que nuestras autoridades de impartición de justicia van a faltar a sus deberes constitucionales. Hacerlo implicaría deducir que son imparciales y carecen de integridad.

“La consulta tiene una finalidad constitucional: consistente en recabar el sentir social para reorientar la política criminal del Estado escuchando la voz de la ciudadanía”, refirió.

El Ministro Zaldivar afirmó: “no podemos obviar que los expresidentes son personalidades públicas, que ocupan una dimensión política e histórica en nuestro país y por tanto se convierten en interés para la deliberación pública.

Finalmente, dijo: “no advierto ningún impacto constitucional de la consulta (…) Esta Suprema Corte no puede coartar el derecho a la participación democrática a la ligera, so pretexto de evitarle a nuestras instituciones una tentación hipotética. Una tentación pensada desde la supuesta competencia de nuestras autoridades y desde la confianza en nuestro diseño constitucional”.

En este momento continúa el debate en el pleno de la SCJN.

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