La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional expresaron su preocupación por la muerte violenta de 44 reclusos del Centro Penal de Apodaca, estado de Nuevo León e hicieron un llamado a las autoridades efectuar las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y garantizar que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir.

Amnistía declaró que las autoridades están obligadas a garantizar que las condiciones de reclusión en centros penitenciarios mantengan un adecuado nivel de seguridad y se respete la integridad de cada recurso. Ello está establecido en estándares internacionales como en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas.

La CIDH expuso que los Estados, como garantes de los derechos privadas de la libertad, deben asegurar el control y seguridad interna de las cárceles. De igual manera, tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes que se encuentran bajo su custodia.

Estas investigaciones no sólo deben orientarse a establecer responsables en materia de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad.

Por otro lado, Amnistía advirtió sobre la necesidad, igualmente prioritaria, de aclarar los hechos que antecedieron a la pérdida de estas vidas: la fuga de más 30 presos.

Los organismos recordaron que a este caso se suma lo ocurrido el 4 de enero en Altamira, Tamaulipas, cuando al menos 31 presos perdieron la vida durante un altercado entre grupos rivales.

Después de nuestra declaración de la semana pasada acerca de la pérdida de vidas en los centros de detención en toda América Latina, estamos alarmados de que 44 detenidos en el estado de Nuevo León en México fueran asesinados el 19 de febrero, presuntamente por miembros de un grupo delictivo organizado. Por lo menos 26 de los detenidos, la mayoría acusados de delitos graves, escaparon. Esto viene después de la muerte de 31 detenidos y 13 que resultaron heridos el 4 de enero de este año, en un enfrentamiento entre grupos rivales en una penitenciaría en Altamira, Tamaulipas , declaró la Alta Comisionada de la ONU-DH, Navi Pillay.

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