La Cultura de la Paz, adoptar la democracia deliberativa

“La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo.” Jürgen Habermas 

El apresurado proceso legislativo impulsado por la Presidenta con el que se pretende imponer —a toda costa— una reforma electoral concebida por su antecesor como plan C y que, después de haber sido rechazada en la Cámara de Diputados, ahora es un plan B, supuestamente porque “el pueblo lo pidió”, genera una creciente polarización social en detrimento de la indispensable armonía nacional.

La efervescencia política y social que hoy se vive, inédita en los procesos de alternancia partidista en la Presidencia de la República, la provoca la Presidenta al adoptar como propia una reforma electoral heredada del anterior presidente, cuyo legado se resume en un desastre nacional producto de decisiones improvisadas y ocurrencias políticas.

Es comprensible el agradecimiento que la Mandataria profesa a su antecesor, quien la hizo candidata y apoyó de manera ilegal su campaña. Su lealtad debe ser hacia la Nación y estar por encima de cualquier vínculo personal. Con una Mandataria aparentemente obediente, débil y limitada en su actuar desde el inicio de su gestión, México vive algo parecido a una regresión de lo ocurrido en la década de 1930 durante el “maximato”.

Respecto de la reforma electoral nadie en el oficialismo se atrevería a reconocer que el pueblo poco o nada sabe sobre procesos electorales, consultas populares, distritos o circunscripciones, ni sobre los efectos de tales mecanismos. Lo que sí conoce son las dádivas, amenazas y acarreos para que se vote por determinados candidatos o temas el día de las elecciones o de consultas populares.

A pesar de que uno de los objetivos del plan B es disminuir privilegios, para conseguir los votos del PVEM y PT les ofrecieron mantener sus millonarias prerrogativas, sus privilegios.

El plan B tiene como propósito el debilitamiento del sistema electoral, entre otras cosas prevé reformar el artículo 35 de la Constitución para que se permita que la materia electoral sea objeto de consulta popular. Con ello, el oficialismo, burlando la Constitución, podría manipular las votaciones mediante dádivas, acarreos, amenazas y el respaldo del crimen organizado, para consolidar una dictadura de partido. Con seguridad la ciudadanía preferiría ser consultada sobre temas como el uso de dinero ilegal para campañas, el combate a la narcoviolencia, el combate a la corrupción, los impuestos, la deuda pública, la eficiencia de los servicios públicos y la reconstrucción del tejido social.

También incluye, so pretexto de ahorrar 4 mil millones de pesos anuales, la reducción de los presupuestos de congresos locales y ayuntamientos, cuya regulación corresponde a las entidades federativas. Sin embargo, sería más sensato ahorrar recortando los gastos del Tren Maya, del AIFA y de Mexicana de Aviación, su operación en el último año requirió más de 6 mil millones de pesos de subsidio, es decir, un 150% de lo que se pretende ahorrar. Ello sin considerar los 600 mil millones de pesos del “huachicol fiscal”.

Si la ciudadanía comprendiera realmente el alcance de este plan B, muy probablemente lo rechazaría, pues implicará mayor concentración del poder, reducción de derechos civiles y censura, incluso de las comunicaciones privadas.

Urge detener el desgaste de las ideas y el abuso de la palabra, no merecemos ser una república de monólogos que pretenden distraer al pueblo de los problemas reales. Hablar mucho sin decir nada implica un degaste inútil y agotador; peor aún, si se utiliza el discurso para mentir.

Con palabras negó “orgullosamente” la Presidenta el ofrecimiento del Presidente de Estados Unidos para acabar con los cárteles, por ello se considera a México un país gobernado por esas organizaciones criminales y el epicentro americano del narcoterrorismo. Parece que la soberanía sólo se comparte con los cárteles.

Debemos adoptar la democracia deliberativa como modelo político, donde la legitimidad de las decisiones surja de la colaboración, la deliberación informada y el consenso plural. Sólo así podrán construirse las sinergias necesarias para recuperar la armonía, la concordia y la cultura de la paz.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

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