Los elevados salarios de los servidores públicos de alto nivel en los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno así como las numerosas propuestas legislativas para disminuirlos son un tema viejo en las cámaras de Diputados y de Senadores.

Legislaturas van y vienen, pero las diversas iniciativas de reformas legales y expedición de nuevas normas en la materia no prosperan, indistintamente del origen partidista del legislador que las promueva.

Sobre la regulación que los parlamentarios de todos los partidos políticos con representación en el poder Legislativo consideran necesaria respecto de las pensiones millonarias que reciben los expresidentes de la República, también hay muchas propuestas.

En agosto del 2009, se promulgó la reforma al artículo 127 de la Constitución que mandata que ningún servidor público, incluidos los titulares de los órganos autónomos, debe ganar más que el presidente de la República; a la fecha, sin embargo, el Congreso de la Unión no ha logrado concretar la legislación secundaria correspondiente, indispensable para aplicar la enmienda constitucional.

Al arrancar el año pasado, en el marco del disparo de los precios de los combustibles, especialmente la gasolina, la senadora panista Laura Angélica Rojas Hernández urgió la expedición de la ley de remuneraciones de los servidores públicos de la federación, cuyas otras iniciativas relacionadas con el tema ya llevaban años impulsando sus correligionarios de legislaturas anteriores en la Cámara Baja.

Planteó, además, reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para lograr la integridad y austeridad en el servicio público.

Por considerar que se debe acortar la brecha que existe entre las percepciones de los altos funcionarios en comparación con el salario de la mayoría de las familias mexicanas, sugirió establecer un sistema de remuneración competitivo y acorde con la situación económica y social del país, con reglas claras y bases técnicas, para determinar las remuneraciones de acuerdo con el nivel de responsabilidad y funciones que realizan los servidores públicos.

Tres años antes, en febrero del 2013, la senadora perredista Dolores Padierna Luna promovió cambios al artículo 64-A de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer que el tope máximo de la remuneración presidencial fuera equivalente a 100 salarios mínimos.

Su correligionario Augusto Morales López planteó ese mismo año en la Cámara Baja reglamentar las remuneraciones de los expresidentes de México, que se fijan con base en el acuerdo presidencial 7637, expedido el 25 de noviembre de 1976 por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez y reformado, el 31 de marzo de 1987, por el mandatario mexicano Miguel de la Madrid Hurtado.

Ambos instrumentos, consideró, “carecen de las formalidades que el orden jurídico requiere para que sean válidos”.

El 27 de septiembre del 2011, Mario Alberto di Costanzo Armenta, diputado federal del PT, proyectó también una nueva la ley para regular las pensiones de los expresidentes de la República, estableciendo que sería de nueve salarios mínimos diarios del Distrito Federal, que recibirían seguridad social por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que se cancelara el apoyo administrativo y de seguridad personal del que gozan.

En septiembre del año pasado, la diputación federal del PVEM propuso reformar el artículo 127 constitucional para fijar que ningún servidor público podrá percibir por el desempeño de su función el equivalente a más de 1,200 salarios mínimos netos mensuales en el ámbito federal, 800 en el estatal y 400 en el municipal.

Luisa María Alcalde Luján, quien será la secretaria del Trabajo en el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, promovió en octubre del 2013 la nueva ley de austeridad para servidores públicos de los entes públicos de la federación, por la que se establecería la reducción a la mitad de las remuneraciones de los altos servidores públicos, desde el presidente de la República, diputados y senadores hasta directores generales y puestos homólogos.

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