Existen tres principales tendencias y riesgos en lo que se refiere a materia de seguridad que deberá afrontar el gobierno mexicano de cara al segundo semestre del 2021, así lo dio a conocer un informe de DataInt.

Según cifras de la consultora de seguridad, 17,445 personas fueron asesinadas en nuestro país en el primer semestre, dicho en otras palabras, México se mantiene estancado en niveles superiores a los 90 asesinatos diarios, por lo que consideró que seguimos en el periodo más violento de la historia reciente.

Bajo este tenor, consideró a Zacatecas, Baja California y Colima como los tres estados más violentos.

De acuerdo con el reporte de seguridad del primer semestre de la consultora, uno de los principales riesgos a considerar es el surgimiento de grupos armados y nuevos conflictos.

“Conforme las demandas de seguridad crecen en diversos puntos, han comenzado a surgir nuevos grupos de autodefensa o de milicias armadas para proteger actividades económicas en lugares conflictivos”, detalló la firma.

Para Datalnt la línea que se encuentra entre estos grupos de “pobladores” y otros predatorios es demasiado delgada debido a que en reiteradas ocasiones incurren en actos delictivos incluso de extorisión para financiar todas sus operaciones.

Proceso electoral

Otro de los puntos a considerar tiene que ver con los cambios políticos e impacto en la seguridad. La firma recordó que en el pasado proceso electoral más de 85 políticos fueron asesinados y aseguró que, en algunos casos, estos actos de violencia se relacionan a conflictos del crimen organizado, pero en otros se explica por conflictos políticos en lugares de baja cultura democrática.

“Ahora Morena, el partido del presidente, gobernará en siete de las 10 entidades más violentas del país. Esto puede ser un aliciente para mejorar la coordinación entre niveles de gobierno, aunque en algunos casos la inexperiencia también puede aumentar los riesgos de inseguridad”, se lee en el informe.

Datalnt explicó que existen un importante número de demandas sociales desatendidas por el gobierno, que van desde la seguridad hasta el desabasto de medicamentos, lo que traería como consecuencia problemas de gobernabilidad que impactan en la operación de las empresas.

ivan.rodriguez@eleconomista.mx