Durante los primeros nueve meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la agenda pública en materia de combate a la corrupción está la vinculación a proceso de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 3,000 millones de pesos.

En tanto, el gobierno federal finalmente eligió como fiscal anticorrupción a María de la Luz Mijangos Borja, con lo que terminó un periodo de espera, porque, de acuerdo con la reforma constitucional que dio pie a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), debió ser nombrada a más tardar en noviembre del 2018.

La importancia de ese nombramiento es que se trata de un elemento importante para el SNA, aunque todavía falta la designación de los magistrados anticorrupción, las propuestas enviadas al Congreso fueron rechazadas por la Comisión permanente en julio pasado.

En otro tema, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado que tan sólo en los primeros 116 días de la actual administración se habían adjudicado de manera directa 74.3% de los contratos del gobierno federal, lo cual contraviene no sólo un compromiso del presidente de la República que, en campaña, aseguró que licitaría al menos 80% de los contratos, sino que viola las leyes en la materia.

En ese sentido, el director del laboratorio de Políticas Públicas Ethos, José Luis Chicoma, expuso que, si bien esta situación no es corrupción, sí es un abuso de las excepciones que la propia ley tiene.

“El punto es que hay adquisiciones que pasan de ese monto, se autorizan por excepción y en esos casos no hay tope”.