A 10 años de la promulgación de la reforma que dio nacimiento al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México y a dos de su plena vigencia en todo el territorio nacional, aún se presentan claroscuros y grandes retos para su consolidación.

Pese a los avances mostrados con la implementación del sistema, como la transparencia en las decisiones de los juzgadores y la apertura de las audiencias hacia el público en general, todavía hay grandes pendientes en rubros como la capacitación de los actores, en especial los policías, así como la protección de las víctimas de los delitos y su acompañamiento durante un proceso judicial, coincidieron ONG, académicos y otros actores.

Para el magistrado de circuito del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, Miguel Ángel Aguilar López —quien ha sido juzgador de casos como la vinculación a proceso del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa—, la capacitación de los policías es una de las primeras tareas a atender, junto con la legitimización de las instituciones de justicia ante la sociedad mexicana.

“Cuando tenemos en mente que los jueces han determinado que las detenciones son ilegales, no hay flagrancia, que las puestas a disposición son con demora y existen violaciones a las leyes de procedimiento, por lo tanto poder hacer una capacitación cualitativa (es necesaria) en el que se pueda formar a los elementos policiacos”, detalló.

Asimismo, el magistrado refirió que aun cuando un sistema de justicia se construye entre autoridades y ciudadanos, ello se mantiene como un pendiente, “lograr la legitimidad o la legitimación de los sistemas de justicia; esto es lograr la confianza y la credibilidad de la sociedad en su conjunto”, refirió.

Por su parte, María Novoa, directora del área jurídica de la organización civil CIDAC, indicó que las víctimas carecen de acompañamiento durante los procesos debido a los pocos asesores jurídicos en los estados y a nivel nacional.

“Todavía tenemos un déficit de 83% de estos asesores jurídicos de víctimas y esto a nivel de las entidades federativas y a nivel federal apenas tenemos, para todo el país, alrededor de 66 asesores (para víctimas)”, refirió.

En tanto que Carlos Daza, catedrático de la UNAM, afirmó que la implementación del sistema ha dado la sensación a la sociedad de que persiste la impunidad; “ese es el gran problema y es el gran reclamo social de este sistema”.

Transparencia y DH

El reconocimiento de los derechos humanos (DH), tanto de víctimas como imputados, la flexibilización de los procesos judiciales a través de la oralidad y la reducción en los tiempos de los mismos, son los principales avances del Sistema Acusatorio, destacaron los especialistas.

“(Por ejemplo) el tema de la oralidad: como implica esto la publicidad y la transparencia dentro del proceso que igualmente ha sido algo muy exitoso, porque esto efectivamente se ha llevado a cabo; estos juicios orales y otros procesos alternos como el proceso abreviado que todo se hace bajo la metodología de audiencias”, destacó Novoa.

Aseveró que a partir de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, las resoluciones de juicios por delitos menos graves se han acelerado; “entonces tenemos una justicia más pronta y más expedita”, aclaró.

En tanto, la investigadora y especialista en el Sistema Penal Acusatorio del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ariadna Salazar, precisó que uno de los grandes avances es el reconocimiento de los derechos humanos en los procesos judiciales. Aunque también ha sido un tema polémico.

“El indiciado o imputado, dependiendo del momento procesal en el que estemos, es inocente y la carga de la prueba en este caso la tiene el Ministerio Público, que es el órgano acusador”, dijo.

Salazar afirmó, a su vez, que las restricciones para que se dicte prisión preventiva es otro de los avances que se han tenido con la implementación del sistema penal, pese a la reticencia de algunos actores políticos sobre dicha medida.

“No para todos los delitos existe la prisión preventiva y existe la posibilidad de que la persona esté esperando, esté enfrentado el proceso en libertad, (este mecanismo) se utiliza en muchísimas ocasiones para atacar y decir que están en libertad porque no funciona el sistema, pero es el cambio y es uno de los retos en este sentido, por parte de la sociedad, de que no va a funcionar así y uno de los fines de este proceso, de este modelo de justicia, es que se despresuricen las prisiones”, acotó.

Propone seis rubros

“Olvidaron” capacitar a los policías: María Elena Morera

Pese al amplio tiempo que se dio para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, se “olvidó” la capacitación de uno de los actores más relevantes: los policías, afirmó María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común.

La directiva de la ONG precisó que los policías deberían estar capacitados al menos en seis rubros: “primer respondiente, cadena de custodia, uso legítimo de la fuerza, actuación policial en materia de violencia de género, atención a víctimas y grupos vulnerables y prevención o reacción”; además, sobre las nuevas leyes aprobadas en desaparición forzada y tortura.

“Se supondría que si hubieran pensado bien el sistema, pues lo primero que tenían que haber hecho era preparar a los policías. Se olvidaron de los policías hasta el 2015 y en el 2015 empezaron a quererlos preparar bajo un sistema que más bien fue una simulación”.

Morera ahondó que el programa de capacitación consistía en otorgar 120 horas de capacitación a cada policía; sin embargo, quedó en 40 horas.

“En varios estados tenemos conocimiento como, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México nos llevaron actas que estaban, que las habían firmado y que en realidad los policías no habían tomado el curso o habían tomado menos tiempo o habían tomado el curso en sus horas francas. entonces, el problema que tenemos no sólo son los policías, son estos políticos corruptos que dicen que preparan a los policías para algo que no los prepararon”, señaló.

El 30 de agosto del 2017, el Consejo Nacional de Seguridad aprobó el Modelo Óptimo de la Función Policial, con el que se pretende capacitar a los policías, al menos en 30 horas.

En el primer taller (función del primer respondiente) sólo 26.8% de los policías ha sido capacitado; 7.9 % en el segundo (función policial) y 6.7% en el tercero (investigación criminal).

hector.molina@elconomista.mx