Tres periodistas han sido asesinados en lo que va del 2017: Cecilio Pineda Brito, colaborador de La Jornada de Guerrero; Ricardo Monlui Cabrera, de El Político y Diario de Xalapa y Miroslava Breach, quien escribía en La Jornada de Chihuahua y del periódico Norte de Ciudad Juárez.

NOTICIA: Asesinan a periodista Miroslava Breach en Chihuahua

La tendencia descrita por la organización Artículo 19 en su informe Libertades en resistencia acerca de que en el 2016 se vivió un momento histórico en relación con el aumento de la violencia hacia periodistas y la coerción que el gobierno ejerce contra la población a través de la desinformación va en aumento. Y no parece que existan garantías para que esto cambie un alguno momento del futuro próximo.

NOTICIA: Cierra Norte; se nos dejó solos, señalan

Pero la violencia informativa no sólo se manifiesta a través de los asesinatos y las agresiones directas a periodistas. Existen otras formas en las que los periodistas y la población en general se ven afectados en su derechos a la libertad de expresión y a la información. La exclusión social, la publicidad oficial y la vigilancia son sólo algunas de las formas que toma la violencia informativa en México.

Puedes acceder al informe aquí: https://articulo19.org/wp-content/uploads/2017/04/Libertades-en-Resistencia_Informe-2016-A19.pdf

1. La exclusión de grupos marginados a acceder a información plural y objetiva

Las comunidades marginadas de México viven controladas, sometidas a la violencia y a la discriminación. Una de las causas de esta condición que afecta a buena parte de la población en México es la falta de acceso a información. Así, de acuerdo con Artículo 19, la manipulación y la omisión de información que podría ser relevante para la vida de muchas de estas comunidades marginadas es un reflejo del abuso de poder y un tipo más de la violencia institucional que durante el 2016 alcanzó niveles no vistos hace mucho.

¿A quién le conviene que las personas no sepan? Para la organización, la explicación de que la información se vea restringida por parte del gobierno es que la gente mal informada o desinformada carece de herramientas para exigir el respeto a sus derechos, así como de instrumentos para salir de la marginación. Carecer de información, a nivel

personal y comunitario, facilita el ejercicio de mecanismos de coerción como son la amenaza, la intimidación, la coacción al voto por parte de actores políticos y sociales que aprovechan estos vacíos y los usan para su beneficio , refiere el informe.

Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información

2. Los montos millonarios ejercidos de manera arbitraria y opaca en publicidad oficial

3. Las leyes que cuestionan la calidad de periodistas en vez de protegerlos

Entidades con mayor número de asesinatos de periodistas en México

Según el informe realizado y presentado por Artículo 19, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales han ejercido 3,622 millones 551,040 pesos en lo que se conoce publicidad oficial. Desde hace siete años, la organización ha advertido de los montos millonarios ejercidos de manera arbitraria e indiscriminada para promover figuras públicas y generar una forma de censura sutil e indirecta por parte de todos los niveles de gobierno. La publicidad oficial sirve entonces para confirmar la postura del gobierno en el poder y para dictar las líneas editoriales de los medios en los que ésta se publica. Según la organización defensora de la libertad de expresión, estas prácticas de difusión son inconstitucionales, debido a que restringen las posibilidades de publicación de los medios y limitan el acceso a información plural e independiente de toda la población. Este tema es en realidad uno de los más graves que anuncia el informe, debido a que no forma parte de la agenda pública de ningún político o gobernante. Pedro Tamayo Rosas fue el octavo periodista de los 11 que fueron asesinados durante el 2016. Fue ejecutado afuera de su domicilio en Tierra Blanca, Veracruz. De acuerdo con sus colegas, Pedro era un referente como fuente de información primaria sobre política y crimen organizado. De acuerdo con Artículo 19, Tamayo recibió las medidas de protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), encargada de ofrecer atención a las agresiones y riesgos que enfrentan los periodistas a causa del ejercicio de su profesión. Dicha comisión no fue capaz de evitar el asesinato de Tamayo. También existe un mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; sin embargo, de acuerdo con Artículo 19, éste adolece de un repertorio efectivo de medidas de protección que respondan a las necesidades y a los riesgos que enfrentan los periodistas. Han pasado cuatro años desde que se impulsaron estos mecanismos que ayudarían a proteger a los periodistas, garantizando el ejercicio de su profesión; el 2016 se estableció el año con más agresiones contra periodistas documentadas por Artículo 19, al tiempo que el mecanismo federal reporta sólo 55 periodistas beneficiados por el mecanismo.
Estado Calificación
Durango 67.54
Campeche 67.03
CDMX 66.17
Tlaxcala 65.91
Coahuila 65.43
Tamaulipas 64.51
Chiapas 38.96
Baja California Sur 37.88
Nuevo León 35.48
San Luis Potosí 34.81
Aguascalientes 27.01
Guerrero 12.85

Entidad Número de asesinatos a periodistas
Veracruz 22
Chihuahua 13
Tamaulipas 13
Oaxaca 12
Guerrero 10
Total 70

Del 2000 al 23 de marzo del 2017

Fuente: Artículo 19

4. El conocimiento sobre los hechos más atroces del pasado reciente de México

El acceso, la consulta y el uso de archivos históricos deben garantizarse sin condiciones. Restringir el acceso a los archivos, limitar la reproducción y documentos o censurar alguna de estas fuentes son formas de controlar la información que debería ser pública. De acuerdo con el informe de Artículo 19°, Susana Zavala es una periodista que ha sido constantemente víctima de esta censura. En febrero del 2012, miles de documentos de la desaparecida policía secreta y otras agencias del Estado mexicano fueron transferidos al Archivo General de la Nación para que pudieran ser examinados por la sociedad en general.

La Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fue la encargada de investigar los delitos cometidos por el Estado mexicano y sus resultados fueron sintetizados en el informe Que no vuelva a suceder, el cual demostró irrefutablemente la comisión de tortura, detenciones ilegales y desapariciones por parte del gobierno de México. Sin embargo, en el 2005, de la oficina de Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal especial designado para investigar la violencia política y social, salió una versión mutilada, reducida y, ciertamente, expiatoria que se presentó con el título Informe histórico a la sociedad mexicana.

El 25 de febrero pasado, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, ratificó la llamada verdad histórica sobre el caso de los 49 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, que ha sido refutada en varias ocasiones tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por periodistas independientes . Esta verdad histórica implica una vez más la subsistencia de esta falta de acceso a la información sobre los actos atroces cometidos por los distintos niveles del gobierno mexicano.

5. La vigilancia dirigida a activistas y periodistas que escrutan a los poderes del Estado

Otra de las formas que pueden tomar la violencias informativa y en contra de periodistas es la vigilancia y el espionaje, acciones que limitan el flujo de información de forma libre. De acuerdo con Artículo 19°, la vigilancia supone una grave amenaza a la libertad de expresión e información, ya que perjudican la vida de quienes se encargan de investigar y difundir la información.

Como comentamos antes en El Economista (Un periodista mexicano espiado por su gobierno, 9 de septiembre de 2016), un periodista mexicano que investigaba la corrupción del gobierno fue uno de los objetivos de la empresa de seguridad cibernética NSO Group por consigna de las autoridades. NSO Group acordó un contrato de 15 millones de dólares con el gobierno mexicano para desarrollar tres proyectos de vigilancia en el país.

Según Artículo 19° este tipo de prácticas del gobierno mexicano se están convirtiendo en una constante, ya que durante el 2016, este tipo de incidentes ocurrieron cada mes y medio aproximadamente, mientras que en el 2015 no hubo registro de ningún caso de vigilancia.

Intervenciones de comunicaciones de periodistas en el 2016

Medio Número de casos
Correo electrónico 4
Dispositivo móvil 2
Redes sociales 2
Telefónica 1
Malware 1
Total 11
Fuente: Artículo 19

Fuente: Artículo 19

6. El uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas sociales

Las protestas magisteriales ocurridas a mediados del 2016 produjeron 31 agresiones contra 26 periodistas, medios de comunicación, familiares y abogados de periodistas, de acuerdo con Artículo 19. El total de estas agresiones sucedió en el verano del año pasado, como posibles represalias por la labor informativa llevada a cabo durante las protestas, explica el informe. La violencia contra los pobladores y manifestantes condujo también a la intimidación y el acoso en contra de periodistas.

La organización pone el ejemplo de un fotoperiodista independiente que, tras haber cubierto las protestas en Nochixtlán, Oaxaca y haber difundido el material a través de redes sociales, fue víctima de distintos sucesos que vulneraron su integridad. Un día después del desalojo en Nochixtlán, usuarios desconocidos intentaron acceder a una de sus cuentas de redes sociales.En septiembre del 2016 su departamento fue allanado y robado, los perpetradores de este robo se llevaron pertenencias personales, dinero en efectivo y la computadora personal en donde guardaba todo lo que había documentado en la localidad oaxaqueña. Antes del allanamiento, Artículo 19 afirma que el periodista ya había sido hostigado por sujetos desconocidos afuera de su casa.

La organización defensora de la libertad de expresión y el acceso a la información manifestó en el informe que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se ha intensificado el uso de la fuerza pública en el marco de la protesta social y con esto se han limitado las garantías que protegen la libertad de asociación y de expresión.

Agresiones contra la prensa durante protestas en el 2016

Tipo Número de casos
Ataques físicos y materiales 22
Privaciones ilegales de la libertad 16
Intimidaciones 10
Amenazas 5
Asesinatos 2
Acoso y hostigamiento 1
Ataque a medio de comunicación 1
Intervención de comunicaciones 1
Violencia institucional 1
Total 59

Fuente: Artículo 19

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