T-MEC 2026: ¿servirá para enfrentar el futuro?

El próximo 1° de julio sabremos si los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá lograron consensuar una extensión de la vigencia del T-MEC o iniciará el mecanismo de revisiones anuales previsto en su artículo 34.7. con vigencia hasta el año 2036 con la posibilidad de que en algún momento del periodo las partes resuelvan extenderlo por 16 años. Pero incluso esa decisión es secundaria frente a una pregunta más importante: ¿está evolucionando el T-MEC al ritmo de los cambios tecnológicos, geopolíticos y económicos que están transformando al mundo?

Mientras en América del Norte discutimos sobre los términos para el intercambio de acero, aluminio, maíz transgénico y reglas de origen automotrices, el resto del mundo está redefiniendo las reglas de la competencia económica alrededor de la inteligencia artificial, los semiconductores, los minerales críticos, la ciberseguridad, la protección de datos personales y la transición energética.

La revisión sexenal de 2026 ocurre en un momento singular. Cuando el tratado entró en vigor, en julio de 2020, la principal preocupación era preservar la integración de la industria manufacturera de la región frente a la incertidumbre generada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Seis años después, el desafío es mucho más ambicioso; consiste en construir una región capaz de competir tecnológica y geopolíticamente en un entorno internacional fragmentado.

En términos económicos, hay mucho en juego. Cerca de ocho de cada diez dólares que México exporta tienen como destino Estados Unidos. De la existencia del TMEC dependen cadenas de suministro sofisticadas; constituye el principal factor de certeza jurídica para la inversión productiva en México. Ningún otro acuerdo internacional tiene la relevancia para nuestra economía nacional en términos de crecimiento, empleo y capacidad de atracción de capitales.

Por eso la fecha del 1 de julio importa. Un escenario de revisiones anuales mantendrá vivo el acuerdo, pero también prolongará la incertidumbre.

Los acontecimientos de esta semana ilustran por qué esto es relevante. La administración Trump anunció su intención de imponer aranceles adicionales de entre 10% y 12.5% a las importaciones provenientes de países que, a juicio de Washington, no combatan adecuadamente el trabajo forzado en sus cadenas de suministro. Aunque el gobierno mexicano sostiene que alrededor del 85% de las exportaciones nacionales ya cumplen con las disposiciones del T-MEC —incluidas las relacionadas con la prohibición del trabajo forzado—, la medida obligará a abrir nuevas mesas de diálogo para definir los criterios de aplicación y determinar qué productos podrían verse afectados.

Esto es revelador. En el contexto de revisiones anuales, el tratado podría convertirse en un espacio permanente de negociación frente a nuevas exigencias comerciales, laborales o de seguridad económica impulsadas por Estados Unidos. Por lo que, la certidumbre jurídica que requieren las decisiones de inversión de largo plazo sería cada vez más difícil de garantizar.

La paradoja es que la revisión más importante del T-MEC desde su entrada en vigor está concentrada en cómo repartir la manufactura existente, mientras la verdadera competencia global se libra por el control de las tecnologías que definirán la próxima generación de crecimiento económico.

Por ejemplo, la discusión actual más intensa gira alrededor de la industria automotriz, corazón manufacturero de América del Norte. Washington propone elevar el Valor de Contenido Regional de los vehículos del 75% al 82% y, además, exigir que al menos el 50% del valor total de cada unidad provenga específicamente de Estados Unidos. Se trata de un cambio profundo respecto a la lógica regional que ha guiado a la industria durante las últimas tres décadas, pero no clarifica si dichas medidas fortalecerán la competitividad de la región si se logra una redistribución de la producción manufacturera al territorio de Estados Unidos.

Por su parte, detrás de las posiciones negociadoras de Estados Unidos aparece una preocupación recurrente: impedir que México se convierta en una plataforma indirecta para la entrada de productos, capitales y tecnología chinos al mercado norteamericano. Washington busca fortalecer el perímetro económico regional, supervisar con mayor rigor las cadenas de suministro estratégicas y alinear a sus socios con sus objetivos de seguridad económica. Esta lógica se ha convertido en uno de los ejes centrales de la revisión del T-MEC de 2026.

México ha comprendido esta transformación. El gobierno federal ha defendido con éxito la lógica de la integración regional frente a propuestas que fragmentarían las cadenas de valor norteamericanas. También ha insistido en que la competitividad de la región depende de su capacidad para actuar como bloque frente a Asia y no como tres economías aisladas. Esa posición es correcta.

Sin embargo, México continúa enfrentando el desafío de convencer a Estados Unidos de la conveniencia de actuar en bloque no obstante las dudas existentes aquí y allá sobre certidumbre jurídica derivadas de recientes reformas institucionales, las limitaciones en infraestructura energética, la insuficiente disponibilidad de electricidad para nuevos proyectos industriales, la debilidad de los ecosistemas de innovación, y los temas adyacentes en seguridad y migración que nuestro socio comercial ha incorporado como condicionantes de la negociación comercial.

Hay que advertir que mientras México y Estados Unidos debaten sus temas, los tratados comerciales más avanzados del mundo ya incorporan temas que apenas comienzan a aparecer en la conversación norteamericana. El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea ilustra la evolución de los tratados comerciales hacia una nueva generación de acuerdos. Además de eliminar barreras al comercio de bienes, incorpora capítulos específicos sobre inversión, contratación pública, cooperación regulatoria, comercio de servicios, sostenibilidad ambiental y estándares laborales, reflejando una visión más amplia de la competitividad y la integración económica. La nueva generación de acuerdos comerciales ya no se limita a facilitar el intercambio de mercancías; busca crear ecosistemas integrados de innovación, gobernanza y competitividad.

El T-MEC fue innovador en 2020. Pero el mundo avanzó más rápido que el tratado. La inteligencia artificial, por ejemplo, carece de un marco regional de gobernanza. Los flujos transfronterizos de datos siguen operando sin una arquitectura común que construya confianza para los usuarios. Tampoco existe una estrategia norteamericana para asegurar el suministro de minerales críticos, indispensables para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, centros de datos y tecnologías avanzadas. La transición energética está reconfigurando las cadenas globales de valor, pero sigue ocupando un lugar marginal en la revisión del T-MEC. En cuanto a infraestructura e insumos esenciales, la región tampoco cuenta con una visión compartida sobre telecomunicaciones, ciberseguridad, computación en la nube o centros de datos de nueva generación.

La experiencia internacional sugiere que acuerdos paralelos, anexos técnicos y mecanismos sectoriales podrían ser más realistas y estratégicos. Ignorarlos tendría un costo creciente para el desarrollo de la región de cara a los estándares que otras regiones ya están determinando como bases para la atracción de nuevas inversiones en sus territorios. Finalmente se trata de seguir construyendo ventajas competitivas para el futuro.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.