Soberanía en los bueyes de mi compadre

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero sacudió el tablero geopolítico latinoamericano. Más allá del destino del dictador venezolano, hoy procesado en Nueva York por "narcoterrorismo", lo ocurrido exhibe una contradicción que la izquierda regional arrastra desde hace décadas: su uso selectivo del principio de soberanía.

La soberanía, en su concepción clásica, supone la autoridad suprema del Estado sobre su territorio y la no intervención de potencias extranjeras en asuntos internos. Este principio, que es pilar del derecho internacional, es el que invocan hoy Brasil, Colombia y México para condenar la acción estadounidense. Tienen razón jurídica: la Carta de la ONU prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial.

Pero aquí está también la hipocresía. Esa misma izquierda que hoy clama por la soberanía venezolana guardó silencio cómplice durante años ante las violaciones a los derechos humanos de Maduro, el fraude electoral de 2024, la persecución a opositores, la destrucción institucional y el éxodo de millones de venezolanos. La soberanía, para el Foro de São Paulo y sus satélites, siempre ha sido escudo retórico para proteger dictaduras afines, nunca para defender a los pueblos que las padecen.

¿Puede una intervención militar ilegal producir un resultado legítimo? La invasión de Panamá en 1989, que removió a Noriega bajo argumentos similares, fue condenada como "flagrante violación del derecho internacional" por la ONU. Sin embargo, pocos panameños lloran hoy aquella dictadura. La legalidad y la legitimidad no siempre coinciden, aunque deberían. El peligro del precedente venezolano está en que otros países podrían justificar hacer mañana invocando su ejemplo.

Para México, lo ocurrido plantea un dilema existencial. El gobierno de Sheinbaum se sumó a la condena, fiel a la tradición de no intervención y autodeterminación que define la política exterior mexicana desde la Doctrina Estrada. Pero la realidad es más compleja. En 2026 se renegocia el T-MEC y Washington ha dejado claro que comercio y seguridad son ahora variables de una misma ecuación. La "Doctrina Donroe", como se ha bautizado el intervencionismo trumpista, no distingue entre narcotráfico venezolano y mexicano. Los mismos argumentos usados para bombardear Caracas podrían, en teoría, justificar operaciones en territorio nacional.

Eurasia Group ya advierte de un T-MEC "zombi": vigente pero incapaz de ofrecer certidumbre. Además, Estados Unidos podría usar la amenaza de intervención como palanca en las negociaciones comerciales. El margen de maniobra de México se estrecha. Condenar a Washington tiene costos; no hacerlo también.

La izquierda latinoamericana tiene una tarea pendiente: reconciliar su discurso soberanista con su tolerancia histórica hacia autocracias que violan la soberanía de sus propios ciudadanos. La soberanía no puede ser solo territorial; debe incluir la libertad de los pueblos para elegir a sus gobernantes sin fraude ni represión. Mientras esa contradicción no se resuelva, continuará siendo un concepto vacío, manipulable según convenga.

Para México, esto significa que no puede seguir confiando en que el derecho internacional o los tratados lo protegerán. El T-MEC, por ejemplo, ya no ofrece la certidumbre de largo plazo que debería dar un acuerdo comercial; se ha convertido en instrumento de presión política. La amenaza de intervención militar "antinarco" en territorio mexicano ya no es descabellada.

México, entre tanto, deberá navegar aguas turbulentas con pragmatismo y sin ingenuidad: el orden liberal internacional que conocíamos está siendo desmantelado.