El mercado de las terapias psicodélicas

Un paciente llegó al consultorio esta semana con el teléfono en la mano, mostrándome una nota periodística.

—Doctora, ¿lo que compraron los de esta farmacéutica es lo mismo que yo fumé en ese retiro que te platiqué?

El 16 de julio, la farmacéutica Eli Lilly, desarrolladora del Prozac, anunció la adquisición de AtaiBeckley por aproximadamente 3,800 millones de dólares. Es la operación más grande que ha visto hasta ahora el sector de la medicina psicodélica y se espera que cierre en el tercer trimestre.

El activo central de la compra se llama BPL-003. En el papel es un aerosol nasal en fase III para la depresión resistente al tratamiento, con la designación de Terapia Innovadora de la FDA y una ventana clínica de unas dos horas. En su química, es benzoato de mebufotenina, la misma molécula que segrega el sapo del desierto de Sonora, Bufo alvarius.

El tablero está casi completo. Compass Pathways lleva la delantera regulatoria con su psilocibina sintética: dos ensayos de fase III positivos, uno con beneficio sostenido a seis meses, y una solicitud de aprobación que espera completar en el último trimestre de este año. Definium reportó en junio que una dosis única de su derivado de LSD produjo una mejoría ajustada de 8.1 puntos frente a placebo en la escala MADRS (utilizada para medir la gravedad de la depresión) a las seis semanas, con un efecto persistente a las doce. Bloomberg Intelligence calcula que el mercado de las terapias psicodélicas podría alcanzar unos 7,000 millones de dólares hacia 2032.

Hay un detalle, sin embargo, que rara vez aparece en las notas financieras: los resultados de fase III de la molécula que Lilly acaba de comprar no se esperan hasta 2029. Es decir, la empresa está pagando por adelantado por un activo que todavía no ha demostrado su eficacia, apostando a que el efecto de clase sostenga a toda la categoría.

Al mismo tiempo, la FDA acaba de poner reglas. El 14 de julio publicó la versión final de su guía Psychedelic Drugs: Considerations for Clinical Investigations. El documento abarca la psilocibina, el LSD, el MDMA y otros agonistas serotoninérgicos.

Pero el corazón del texto es un problema que no se resuelve con dinero: el desenmascaramiento funcional. ¿Qué significa eso?

En un ensayo clínico bien diseñado, ni el paciente ni quien lo evalúa saben quién recibió el fármaco y quién el placebo. Con estas moléculas eso es prácticamente imposible, pues los cambios perceptuales son tan intensos que todos en la sala saben quién recibió qué. Aparece entonces el sesgo de expectativa en ambas direcciones: quien siente el efecto espera mejorar; quien no siente nada espera no mejorar. El estudio ya no puede separar con claridad el efecto del fármaco del efecto de la expectativa.

Es la razón por la que un comité asesor votó diez a uno contra la terapia con MDMA de Lykos en 2024, y por la que la agencia exigió después un ensayo adicional. Ese voto detuvo la que parecía la aprobación más cercana. La FDA convocó además una audiencia pública para el 14 de septiembre.

También cabe mencionar que una semana antes de la compra de Lilly ocurrió algo que casi nadie cubrió. MAPS, la organización que durante décadas ha impulsado la investigación clínica con psicodélicos, publicó el Investigator’s Brochure de la ibogaína, el compendio de datos preclínicos, de seguridad, de dosificación y observacionales que sustenta cualquier investigación clínica seria con esa molécula. Lo publicó de forma gratuita y con acceso abierto.

Estos documentos son costosos de elaborar y suelen mantenerse como activos propietarios, fuera del alcance de académicos e investigadores sin fines de lucro. Es la primera vez que uno de este alcance se hace público. Mientras tanto, Texas comprometió más de cien millones de dólares para ensayos con ibogaína, Colorado firmó en junio una ley para incorporarla a su programa regulado, y la FDA autorizó el primer estudio con noribogaína, su metabolito activo.

El documento cita un reporte de caso publicado en 1913 —hace más de un siglo— por Enrique O. Aragón, sobre una mujer de veinticinco años con alcoholismo severo tratada con ibogaína en México, sin delirium tremens y con la abstinencia resuelta en quince días.

Ahora bien, nada de lo anterior nos exime de mirar con cuidado la maquinaria que producirá la evidencia. La literatura biomédica atraviesa una crisis de integridad que conviene mencionar. La tasa de retractaciones pasó de 0.02% en 2016 a cerca de 0.2 % en 2025, y quienes llevan ese registro estiman que la cifra real podría ser diez veces mayor. Hacia abril de este año, la mala conducta científica explicaba el 60% de ellas. Las llamadas paper mills —empresas que fabrican y venden artículos con datos inventados— dieron cuenta de una quinta parte de las retractaciones en ciencias de la salud entre 2016 y 2025.

La psiquiatría no está exenta. De hecho, es una de las disciplinas que más ha sufrido este tipo de prácticas. En febrero, los editores de Biological Psychiatry dedicaron un editorial completo a las paper mills, los cárteles de citación, los revisores falsos y los artículos generados con inteligencia artificial.

No traigo esto para desacreditar la investigación psicodélica, sino precisamente porque estas moléculas cargan con medio siglo de estigma. El estándar de evidencia que se les exija tendrá que ser más limpio, no menos.

Falta, sin embargo, la pregunta de cuánto cuesta todo esto, pues el mercado ya existe. En Estados Unidos, una infusión de ketamina para la depresión cuesta hoy entre 400 y 800 dólares por sesión, y la serie de inducción de seis sesiones ronda los 3,400 a 5,800 dólares. Como su uso psiquiátrico es fuera de etiqueta, casi ningún seguro la cubre. La esketamina —que sí está aprobada— tiene un precio de lista de entre 600 y 900 dólares por sesión, con una inducción de ocho sesiones en cuatro semanas; pero, con cobertura, el paciente puede terminar pagando copagos de entre 10 y 50 dólares por visita.

En los estados donde la psilocibina ya opera fuera del modelo farmacéutico, los números son igual de reveladores. En Oregon, una sesión cuesta entre 1,000 y 3,000 dólares. En Colorado, los programas completos —preparación, dosificación e integración— van de 3,500 a 10,000 dólares. Nada de eso lo cubre un seguro.

Aquí es donde entra la farmacoeconomía, una disciplina que casi no discutimos en público y que va a decidir el acceso de la próxima década. Los modelos de costo-efectividad publicados calculan que la terapia con psilocibina para depresión resistente resulta razonable para un sistema de salud cuando el tratamiento completo cuesta 5,000 dólares o menos; a 10,000 dólares, la probabilidad de que sea costo-efectiva se desploma. Para la terapia asistida con MDMA, los modelos estiman un costo total cercano a los 11,500 dólares por paciente.

En cuanto concierne a México, la psilocibina, el LSD, el DMT, el MDMA y el peyote siguen en el Grupo I de la Ley General de Salud, con adquisición limitada a investigación autorizada. La ketamina es Grupo III, con uso médico controlado, aunque su indicación para la depresión sigue siendo fuera de etiqueta. La esketamina entró al Compendio Nacional de Insumos para la Salud en 2023, pero el acceso efectivo depende de la adopción institucional, el presupuesto y la capacidad de administración, que son cosas muy distintas del reconocimiento formal.

La ibogaína y el 5-MeO-DMT no están aprobados como medicamentos. Operan en clínicas privadas, con una base de evidencia mayormente observacional debido al limbo regulatorio en el que se encuentran (no son ilegales, pero no están regulados). Y hasta mayo de este año no se identificaba un programa sólido de ensayos clínicos registrados en México para psilocibina, MDMA, LSD o DMT. Somos el territorio donde estas medicinas nunca dejaron de usarse y, a la vez, uno de los que menos las investiga formalmente.

Pongámoslo en pesos. Una consulta psiquiátrica privada cuesta entre mil y dos mil quinientos pesos; una sesión de psicoterapia, entre cuatrocientos y mil quinientos; el tratamiento farmacológico mensual puede rebasar los tres mil. La Secretaría de Salud estima que 3.6 millones de adultos viven con depresión; apenas dos de cada diez personas con un trastorno mental reciben atención, y tenemos alrededor de un psiquiatra por cada cien mil habitantes.

Contra ese telón de fondo, una sesión de 5-MeO-DMT de dos mil dólares equivale a varios años de tratamiento convencional para una familia mexicana promedio. Y, sin embargo, esa sesión ya se vende aquí, hoy, todos los días, sin aseguradora, sin norma oficial y sin nadie que responda si algo sale mal.

Aquí está la pregunta que dejé abierta con mi paciente y que hoy les dejo a ustedes: la molécula que Lilly acaba de comprar por miles de millones de dólares es la misma que, en su forma sintética, en México no tiene regulación y se administra en retiros sin un marco legal. Cuando esa medicina llegue al mercado con estudios de fase III, dosis estandarizada y monitoreo clínico, ¿qué versión tendremos disponible aquí? ¿La que llega con evidencia o la que sigue llegando sin ella?

Y una provocación más. Si la medicalización es hoy el único camino viable para que millones de personas accedan a estos tratamientos con seguridad, ¿aceptamos que el precio sea que el conocimiento tenga dueño? ¿Qué ocurre con los saberes que nunca fueron propiedad de nadie y con las comunidades que los sostuvieron mientras el resto los llamaba superstición?

No tengo la respuesta. Pero vale la pena que nos hagamos la pregunta ahora, mientras el tablero se está armando, y no dentro de diez años, cuando ya esté decidido sin nosotros.

Cuídense mucho,

En Tu viaje de sanación psicodélica dediqué un capítulo a la ketamina, al veneno del sapo bufo y a la ibogaína, cuando todavía parecía prematuro hablar de ellas en términos clínicos. Releerlo esta semana, con la noticia de Lilly abierta en el escritorio, fue una manera extraña de medir la velocidad a la que se mueve todo esto.