Intromisión en la autonomía de Universidades Públicas

Las Universidades Públicas Estatales, en muchos casos, resultan ser objeto de codicia por parte de gobernadores, en algunos casos, por el monto presupuestal que las instituciones de educación superior reciben de la Federación vía subsidios ordinarios, y en otros, porque el grueso de su comunidad académica y estudiantil son considerados como “activos electorales”, sobre todo cuando está en ciernes un proceso electoral para renovar al titular del Poder Ejecutivo y a la totalidad de los integrantes del Poder Legislativo.

En la historia contemporánea de México, hay registro sobre casos de injerencia y violación a la autonomía de las universidades públicas que consagra el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de gobernadores de corte autoritario que creen, falsamente, que el cargo que desempeñan por mandato popular les confiere la facultad de hacer un uso patrimonialista de las instituciones de educación superior.

La Universidad Autónoma de Campeche, en fechas recientes, se encuentra en el “ojo del huracán” debido a la detención y posterior liberación de quien fuera, hasta hace poco, su rector, José Alberto Abud Flores, por la presunta posesión de sustancias ilícitas halladas en el interior de su vehículo por elementos de la policía estatal.

De acuerdo con versiones periodísticas, Abud Flores mantenía una tensa relación con la gobernadora Layda Sansores San Román, quien a través de sus emisiones de su programa “Martes de Jaguar”, lo acusó de “aviador” y de malversación de recursos universitarios. También, dijo estar “decepcionada” del exrector, debido a que la Autónoma de Campeche encabezaba la lista de las diez universidades que tuvieron observaciones que superan los 550 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Colaboradores cercanos al exrector externaron, en entrevistas con medios de comunicación locales y nacionales, que Abud Flores tenía desacuerdos con la gobernadora Sansores San Román, debido a la negativa del académico a permitir la realización de actos políticos -de cualquier partido- dentro de las instalaciones de la universidad.

Edwin Trejo, abogado del exrector, denunció que, desde hace semanas, integrantes y autoridades del partido Morena solicitaron permiso para realizar eventos en la Autónoma de Campeche, pero Abud Flores se negó por considerar que eran de carácter proselitista, lo que derivó en una confrontación abierta con la titular del Poder Ejecutivo estatal.

Cabe recordar que, en las elecciones intermedias de 2027, los campechanos elegirán a quien será su gobernadora o gobernador, a la totalidad de los integrantes del Poder Legislativo estatal y a diputados federales, por lo que algunos institutos políticos buscan posicionar, desde ahora, a sus abanderados.

En una maniobra sin claridad, considerada por algunos sectores de la comunidad universitaria como una “inadmisible vulneración e intromisión” a la autonomía de institución de educación superior de Campeche, el rector José Alberto Abud fue destituido de su cargo menos de 24 horas después de ser detenido. En su lugar fue designada, en una cuestionada sesión exprés del Consejo Universitario, Fanny Maldonado Guillermo, quien fungía como coordinadora de Asuntos Jurídicos y es considera afín a la gobernadora Sansores San Román.

Ante estos hechos, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) exigió a las autoridades actuar “sin sesgos políticos”, con respeto a la autonomía universitaria y con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.

Lo acontecido en la Autónoma de Campeche, me hace recordar un “negro episodio” de injerencia y violación a la autonomía universitaria con la denominada “Ley Fayad”, aprobada en 2017 por la mayoría priista de la LXIII Legislatura del Congreso de Hidalgo, que buscaba que el Poder Legislativo estatal se apropiara de la potestad de designar al titular del órgano de control, quien sustituiría al contralor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y tendría facultades para intervenir en las funciones sustantivas de la institución de educación superior, violentando flagrantemente la autonomía universitaria.

Aunque el exgobernador negó ser el autor de dicha iniciativa, era “vox populi” que Omar Fayad era el máximo legislador de Hidalgo. Las autoridades de la UAEH recurrieron al amparo frente a la violación de la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 3° de la Carta Magna. El de 3 de octubre de 2018, los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad de votos, dictaron sentencia definitiva a favor de la Autónoma de Hidalgo, lo cual significó un fuerte revés para el exgobernador Omar Fayad y para los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso estatal.

Resulta irónico que el exgobernador Fayad Meneses exigiera a la UAEH transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que administra en aras de supuesto combate a la corrupción, cuando su gobierno, al final, se vio envuelto en graves escándalos de corrupción como la llamada “Estafa Siniestra”, confeccionada y ejecutada por funcionarios de alto rango muy cercanos a Omar Fayad.