La igualdad como motor del desarrollo

Durante décadas, América Latina debatió si primero debía crecer para después distribuir la riqueza o si era necesario distribuir para crecer. Setenta y cinco años después de la creación de la Sede Subregional de la CEPAL en México, esa discusión conserva plena vigencia y encuentra una respuesta cada vez más clara en uno de los postulados más influyentes del pensamiento económico latinoamericano: crecer para igualar e igualar para crecer. La igualdad no es únicamente el resultado del desarrollo; es también una condición para alcanzarlo.

La historia cepalina ha estado estrechamente vinculada a la búsqueda de respuestas propias para los desafíos latinoamericanos y caribeños. Desde México se fortaleció una escuela de pensamiento que demostró que no puede haber soluciones permanentes a la pobreza y la exclusión social sin transformar las estructuras productivas que las generan. Conceptos como heterogeneidad estructural, cambio productivo, productividad e igualdad, desarrollados por economistas como Víctor Urquidi, Juan Noyola e Ifigenia Martínez, siguen ofreciendo claves para comprender los desafíos del presente.

Hoy México atraviesa una transformación profunda que obliga a mirar más allá de las métricas tradicionales del crecimiento. El verdadero desafío consiste en garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen efectivamente a todas las personas, comunidades y territorios. Instrumentar la igualdad significa dejar de verla únicamente como una aspiración ética para convertirla en una estrategia de desarrollo: ampliar capacidades, reducir brechas, elevar la productividad y traducir el crecimiento económico en derechos efectivos.

Es precisamente en esa dirección que avanza el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su propósito es articular desarrollo regional, innovación, sostenibilidad y fortalecimiento de cadenas productivas con igualdad social. Como estrategia de cambio estructural, combina políticas de desarrollo productivo con acciones orientadas a fortalecer el ingreso de las familias y ampliar sus efectos redistributivos. Se trata, en esencia, de convertir el crecimiento económico en bienestar compartido.

Los datos más recientes muestran que este camino comienza a rendir frutos. Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional y cerca de dos millones dejaron atrás la pobreza extrema. Al mismo tiempo, el ingreso promedio por hogar aumentó 10.6% y el coeficiente de Gini descendió a 0.391, el nivel más bajo registrado por el INEGI. A ello se suma una recuperación histórica del salario mínimo, que desde 2018 ha aumentado 154%, revirtiendo décadas de pérdida del poder adquisitivo.

Otros indicadores confirman esta tendencia. Al primer trimestre de 2026, la población económicamente activa alcanzó los 61.1 millones de personas, mientras que la formación bruta de capital fijo repuntó un 5.1% como comparación interanual en abril de 2026, impulsada por la inversión privada; mientras que el país registró un superávit comercial de 2,259 millones de dólares al cierre del último mes de mayo. Son señales de una economía que fortalece el empleo, la inversión y la productividad, al tiempo que mejora la distribución del ingreso.

Sin embargo, aún existen desafíos estructurales. Hay brechas estructurales relacionadas con la informalidad laboral, las desigualdades territoriales y brechas salariales entre mujeres y hombres. Hoy, las mujeres perciben 65 centavos por cada peso que gana un hombre en trabajo equivalente, o entre un 24% y 35% menos de ingresos que los hombres; también restringen el potencial productivo del país.

La igualdad también tiene una dimensión ambiental. Las comunidades con menores ingresos suelen ser las más expuestas a la contaminación, la escasez de agua, la degradación de los ecosistemas y los efectos del cambio climático. Por ello, la justicia ambiental no es una agenda separada del desarrollo económico; constituye una condición indispensable para construir un crecimiento sostenible e incluyente. No puede haber prosperidad duradera sobre territorios degradados ni desarrollo compartido donde persisten profundas desigualdades ambientales.

Las evidencias muestran que las políticas redistributivas son fundamentales, pero también que la mayor parte de los ingresos de los hogares continúa dependiendo del trabajo. Por ello, acelerar la creación de empleos de calidad, impulsar la innovación, elevar la productividad y fortalecer las capacidades de las personas seguirán siendo la base para consolidar una igualdad duradera.

Instrumentar la igualdad implica construir instituciones capaces de ampliar derechos, generar oportunidades y transformar las condiciones que reproducen la desigualdad. Significa fortalecer las capacidades productivas del país, cerrar brechas históricas y asegurar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para todas y todos.

Setenta y cinco años después de la creación de la Sede Subregional de la CEPAL en México, una de sus enseñanzas fundamentales conserva plena vigencia: la igualdad no es la consecuencia del desarrollo; es una de sus principales condiciones. Instrumentarla significa convertir esa convicción en políticas públicas, capacidades productivas, sostenibilidad ambiental y derechos efectivos. Ese sigue siendo el camino para construir un México más próspero, más democrático, más sostenible y más justo.

*Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de México, ex Canciller y ex Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.