La frágil certeza de la propiedad privada

En una ciudad como la de México, donde se registran 3,000 marchas y bloqueos al año, la protesta de los vecinos de la colonia Del Valle no es una movilización más. El cierre del cruce de Matías Romero y avenida Coyoacán es la respuesta ante un delito que acumula 2,500 carpetas de investigación por el despojo de inmuebles en la capital del país tan solo en lo que va del año.

El despojo de inmuebles en la Ciudad de México no es un delito marginal o focalizado en predios abandonados de bajo valor; es una actividad criminal rentable y sistematizada que tiene un impacto directo en familias e inversionistas en colonias consolidadas como la Del Valle, Narvarte, Roma o Condesa; es la evidencia de que, bajo el régimen actual, conviven la plusvalía con la impunidad.

Para la clase media y los pequeños ahorradores, la vivienda representa el activo patrimonial por excelencia; habitualmente es la meta de vida tras décadas de trabajo y, sin duda, la base de su apalancamiento financiero. Sin embargo, en estos momentos de elevada debilidad institucional y una evidente complicidad, el fenómeno del despojo expone la realidad de que una propiedad puede ser arrebatada con irrupciones violentas o trampas jurídicas.

Y así como el gobierno de la capital sabe muy bien dónde están los baches que destruyen llantas y suspensiones, pero prefiere voltear a otro lado, este delito de despojo no podría darse en estas dimensiones sin la tolerancia o colusión de diferentes estructuras institucionales. La documentación de los casos revela patrones persistentes: la simulación de juicios laborales o mercantiles en juzgados foráneos donde embargan inmuebles sin notificar a los dueños legítimos; la suplantación de identidad para falsificar escrituras; la alteración de los antecedentes en el Registro Público de la Propiedad, y la inacción o reclasificación deliberada de las denuncias por parte de las autoridades ministeriales.

Desde el punto de vista económico, el daño es más que evidente para las víctimas de este delito; pero también hay un daño a la certidumbre de los inversionistas cuando queda claro que las escrituras y la inscripción en los registros públicos pierden toda efectividad como blindaje legal para los capitales arriesgados en el sector inmobiliario capitalino.

Se elevan los costos de certidumbre, se encarecen las primas de aseguramiento, se genera un ruido en el otorgamiento de créditos hipotecarios y se deteriora el clima de inversión en el desarrollo urbano; así sea por “solo” 5,000 casos al año.

La reacción de los vecinos de la Del Valle puede abrir la Caja de Pandora si la autoridad no se encarga de soterrar esas historias; las autoridades no pueden limitarse a contener las manifestaciones vecinales solo con promesas y la esperanza, o negociación, de un olvido mediático.

Más allá de los manifestantes profesionales, es un hecho que para la mayoría de los que recurren al bloqueo de vialidades en la Ciudad de México esa no es su primera opción; al menos en el caso de los vecinos de la Del Valle, es una respuesta desesperada ante la impotencia institucional, que muchas veces parece contubernio. A estos vecinos los despojan de sus casas, pero a la ciudad le quitan la certeza de la propiedad privada, lo que destruye totalmente la confianza.

La reacción de los vecinos de la Del Valle puede abrir la Caja de Pandora si la autoridad no se encarga de soterrar esas historias.

ecampos@eleconomista.mx