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La sombra de Managua sobre la diplomacia mexicana

Enrique Campos Suárez | La gran depresión
El viejo dictador tomó el micrófono y, sin más, determinó que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. Sin más simulación, se ahorra la molestia de rellenar las urnas y afianza la autocracia de la mano de Rosario Murillo. Daniel Ortega sepulta cualquier rendija democrática con una provocación: no más triunfos de los partidos “puestos por los yanquis”.
El descaro del dictador de despojarse cínicamente de la última oportunidad democrática para el pequeño país centroamericano viene acompañado de una pregunta inevitable: ¿pudo haber lanzado semejante afirmación sin medir el impacto de la onda expansiva en Washington? Ortega parece desafiar al gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de generar un escudo interno a sus intentos de perpetuidad.
Lo sabemos porque el discurso no nos resulta extraño; la retórica autoritaria busca escalar la confrontación con un enemigo externo –y qué mejor que la Casa Blanca– como un mecanismo probado de cohesión interna.
Provocar a Estados Unidos, específicamente al secretario de Estado, Marco Rubio, le permite a Ortega alimentar el mito de la resistencia antimperialista para mantener la purga masiva de opositores, la institucionalización de la represión y la confiscación de cualquier cantidad de bienes.
El dictadorzuelo cree que en este momento de dispersión entre conflictos no merecerá tanta atención. Apuesta a que, sin petróleo, no hay motivaciones para molestar a su régimen sanguinario. La atención del gobierno estadounidense está en Medio Oriente, en Europa y en la guerra comercial con China; mientras tanto, en la región, Cuba y Venezuela transitan en la indefinición y claramente la presión multilateral está aniquilada por la actitud imperialista de Trump.
Podría llegar a ser más significativo en el tablero de la “Doctrina Donroe” el silencio de la diplomacia mexicana ante tal anuncio de arbitrariedad democrática en Nicaragua, que el hecho de esperar a que el tiempo apague la vida del dictador centroamericano.
El gobierno mexicano ha anulado por completo el pretexto de la Doctrina Estrada y el dogma de la “no intervención” con sus pronunciamientos selectivos e ideológicos. En el mundo de la diplomacia, no condenar al dictador nicaragüense muestra una pasividad inaceptable y sospechosa del régimen actual.
Una diplomacia madura tendría que ser capaz de exigir el respeto absoluto a los derechos fundamentales y a la alternancia democrática sin que ello implique sumarse de manera acrítica a los dictados de Washington. Respetar la soberanía de los pueblos no es lo mismo que validar la perpetuidad de una familia dictatorial violenta y abusiva.
Lo único que puede lograr México con su sospechosa indiferencia es generar la pregunta global de dónde está parado el país en el mapa democrático de Washington, su principal socio comercial. Y no es poca cosa lo que se pueda concluir.
Es un hecho que la atención del gobierno de Trump no está puesta en los discursos multilaterales del gobierno mexicano, sino en la estabilidad operativa de la región.
La preocupación por la erosión institucional mexicana viene después de asuntos pragmáticos, como el control de las fronteras ante el crimen y la migración, la certidumbre jurídica para las cadenas de suministro comercial y la protección de los intereses económicos estadounidenses.
Pero un silencio cómplice ante la brutal realidad dictatorial de Managua resulta demasiado incómodo para la Casa Blanca como para pasarlo por alto.

