Derechos de las audiencias; avanza la censura

La 4T sigue sumando piedritas a las acusaciones de censura en su contra, que se han multiplicado de forma exponencial en los últimos meses. En la conferencia mañanera del día de ayer, Claudia Sheinbaum se quejó de que algunos medios de comunicación buscan extorsionar al Gobierno, amenazando a los funcionarios con publicar información desfavorable sobre su gestión, y anunció, para calmar al pueblo, que iba a “traer a Pepe Merino porque se tiene que garantizar el derecho de las audiencias”, para que los ciudadanos puedan reclamar cuando los medios no los estén informando adecuadamente (minuto 2:16).

Estas declaraciones no calman en lo absoluto al pueblo, ni a las audiencias. Por una parte, es preocupante que José Merino tenga instrucciones de la Presidenta para atender los derechos de las audiencias. Como lo mencioné la semana pasada en este espacio, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dirigida por Merino, no tiene facultades para regular o verificar la observancia de los derechos de las audiencias. Cualquier intento de su titular para actuar en la materia sería violatorio del artículo 16 de la Constitución, en especial si implica restricciones para los medios y para la libertad de expresión. Además, la ATDT está concentrada en el levantamiento de encuestas sobre la reforma electoral anunciada por Morena. La Agencia podría confundir fácilmente a las audiencias con el electorado, lo que no sería muy saludable para la democracia. También es preocupante que la Presidenta considere que la regulación de los derechos de las audiencias guarda relación, o sirve para controlar la divulgación de información crítica al Gobierno. El discurso que supuestamente sostuvo la incorporación de los derechos de las audiencias en el marco regulatorio mexicano partía de la necesidad de que los contenidos reflejaran el “pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación”. No veo cómo las restricciones a los medios críticos al Gobierno, conducen a este objetivo. Si la Presidenta así lo ve, entonces ha quedado exhibida la intención de censura detrás de la regulación de los derechos de las audiencias.

Mientras esto ocurre desde Palacio Nacional, la semana pasada los defensores de las audiencias de Canal Once y Canal Catorce, medios públicos operados por el Gobierno, emitieron un comunicado informando que no transmitirían una entrevista hecha por Sabina Berman a Eduardo Verástegui, supuestamente por violar derechos de las audiencias, en especial los relacionados con la discriminación, la igualdad de género y el interés superior de la niñez. Este acto es ilegal, no solamente porque los defensores de las audiencias no están facultados para censurar contenidos “de oficio” o de manera preventiva, sino que además implica violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. Sin importar si las audiencias coinciden o no con las opiniones de Verástegui, conocido por sus posturas conservadoras, lo cierto es que él tiene derecho a expresarlas, y los demás tenemos derecho a escucharlas, incluso para opinar o debatir al respecto. Lo preocupante no es el contenido de la entrevista, o el sentido de las opiniones del entrevistado, sino las facultades que se arrogaron los defensores de las audiencias de medios públicos, y el precedente que han sentado. El oficialismo está dejando claro que percibe a los derechos de las audiencias como una herramienta para controlar la información y opiniones que se difunden. Para aquellos que durante años han defendido dogmáticamente la incorporación de los derechos de las audiencias al marco normativo, sin escuchar las advertencias sobre los riesgos que implicaban, estas actuaciones del Gobierno confirman que el primer efecto de su regulación es la censura. No logro identificar audiencia alguna que hoy se sienta beneficiada con el control anunciado de la información crítica al Gobierno, o con la inaccesibilidad a la entrevista de Verástegui. La ciega defensa académica de los derechos de las audiencias ha dado un pretexto y herramienta perfecta para que las autoridades controlen la narrativa pública.