El costo económico de defender una facción

Si Rubén Rocha Moya asegura que atenderá el citatorio de la Fiscalía General de la República “con la cabeza en alto”, ¿por qué mejor no se presenta en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y así, con la cabeza en alto, exige a las autoridades de Estados Unidos que ya lo dejen en paz? Total, el gobernador con licencia de Sinaloa asegura que tiene la certeza de que la verdad va a prevalecer.

Lo que no puede suceder es que el gobierno federal traspase el costo de la defensa de uno, 10 o 100, presuntos implicados en vínculos con el narcotráfico a una factura que pague toda la economía mexicana.

Hay versiones periodísticas no desmentidas por el régimen de que en la reunión de la semana pasada en Palacio Nacional con el director del Departamento de Homeland Securty, Markwayne Mullin, no terminó bien y que ciertamente, la entrega de esos políticos presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa sí fue un tema central. Y que, ante la negativa del régimen mexicano de cooperar con la justicia estadounidense, se habrían distanciado ambas partes.

El primer temor que se genera, prácticamente en automático, gira en torno al futuro del T-MEC, ante la postura de defensa del gobierno mexicano de los imputados por el Departamento de Justicia estadounidense. Inevitablemente, en tiempos de Donald Trump, todos los caminos se cruzan, pero el tema comercial tiene sus propias complicaciones en lo que será el talón de Aquiles para México: las reglas de origen.

El gobierno morenista quiere elevar la apuesta de confrontación con Estados Unidos, con el afán de mantener la defensa de su facción; y busca hacerlo con la careta de un asunto de política electoral interna. Para ello el diputado Ricardo Monreal arroja la piedra, mientras la presidencia esconde la mano.

No pasa desapercibida, ni dentro, ni fuera del país, la intentona de dotar de herramientas discrecionales al obediente Tribunal Electoral para dictar la nulidad de una elección si el régimen lo decide, bajo sus criterios, con el pretexto de que hubo intervención extranjera.

La iniciativa del régimen tiene el objetivo de deshacerse de los contrincantes electorales cuando ellos mismos, a través del tribunal electoral, detecten lo que llamarán actos lesivos de injerencia extranjera como el financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital.

Este golpe a la democracia, por lo arbitrario y subjetivo de los criterios, enciende también los focos de alerta entre los tomadores de decisiones económicas, es un lastre más en los costos de oportunidad.

Por ejemplo, en una eventual elección en Sinaloa, seguro que la 4T vería en las acusaciones estadounidenses una causa de nulidad ante un eventual triunfo opositor.

En fin, la manera como desde el propio gobierno federal han elevado la vara de la confrontación con Estados Unidos pone a México en una posición compleja.

Por lo pronto, es un hecho que las autoridades estadounidenses seguirán de cerca este proceso legislativo que pretende limitar más la democracia mexicana; verán de cerca el comportamiento de cada uno de los diputados y senadores del régimen, en especial desde el Departamento de Estado y su subsecretario Christopher Landau, al que, ¿cómo le dicen? Claro, el “Quitavisas”.