El coste de no construir centros de datos

MILÁN — La enorme afluencia de capital a los centros de datos, impulsada por la fiebre de la inversión en infraestructura de IA, ha generado una fuerte oposición en Estados Unidos por parte de grupos locales, lo que ha provocado la cancelación de proyectos de centros de datos por un valor de al menos 85,000 millones de dólares en los últimos tres años. En julio, Nueva York se convirtió en el primer estado en decretar una moratoria sobre la construcción de nuevos centros de datos, mientras otros estados y el gobierno federal estudian propuestas similares. Sin embargo, las preocupaciones sobre los costes económicos y medioambientales de los centros de datos, si bien son razonables, representan solo una parte del problema. La pregunta que aún queda por responder es: ¿Se verá perjudicado Estados Unidos por no construir más centros de datos?

Como señaló recientemente Josh Zoffer, exfuncionario del Consejo Económico Nacional durante la presidencia de Joe Biden y ahora inversor en el sector de la IA, los centros de datos son una “prueba crucial de la determinación industrial de Estados Unidos”. Estos centros ponen de manifiesto la incómoda verdad de que construir capacidad estratégica para el futuro suele requerir sacrificios en el presente. No reconocer esta realidad ha llevado a los responsables políticos estadounidenses a cometer errores en proyectos similares en el pasado. Dos casos destacan especialmente.

En la década de 1970, una crisis petrolera mundial obligó a Estados Unidos a reconocer que su dependencia energética representaba una vulnerabilidad estratégica. En un discurso de 1977, el presidente Jimmy Carter advirtió a los estadounidenses que construir una base energética nacional segura y diversificada requeriría que la economía estadounidense atravesara una fase de "mayores costos" y "mayores inconvenientes". Sin embargo, la disposición de Carter a afrontar la realidad, en lugar de endulzarla, no tuvo el efecto deseado.

Como argumenta el economista Jeffrey Currie, los sucesores de Carter extrajeron una conclusión diferente. Evitaron admitir la escasez y, en cambio, respondieron a las crisis de suministro intentando bajar los precios y recurriendo a las reservas estratégicas. Aun así, no lograron una verdadera seguridad energética; ganaron tiempo, pero retrasaron las inversiones necesarias.

Las tensiones actuales en torno al estrecho de Ormuz nos recuerdan la necesidad de la transición energética que Carter impulsó. Si bien las vastas reservas de gas de esquisto explotadas desde entonces han reducido la dependencia energética de Estados Unidos como lo hacía en la época de Carter, el país sigue expuesto a las crisis petroleras, como lo demuestra el aumento de los precios de la gasolina.

Por el contrario, China ha dedicado décadas a la electrificación, lo que Jeff Currie denomina "la compra de opciones". La flexibilidad resultante —un electrón, escribe Currie, "puede obtenerse del carbón, el gas, el sol, el viento o el uranio"— ha ayudado a amortiguar los efectos de la actual crisis energética en China.

Estados Unidos también perdió la oportunidad de evitar depender de China para el suministro de minerales de tierras raras. En la segunda mitad del siglo XX, la mina Mountain Pass en California fue un nodo clave en la capacidad de producción y procesamiento de tierras raras en Estados Unidos, lo que garantizó una cadena de suministro estable y autosuficiente. Sin embargo, entre 1999 y 2000, las operaciones se redujeron drásticamente debido a preocupaciones ambientales, cambios regulatorios y la aparición de productores chinos de menor costo, de los cuales la industria estadounidense dependía para más del 90 % de sus necesidades de tierras raras, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Ambos ejemplos ponen de manifiesto una importante deficiencia en la toma de decisiones en Estados Unidos. Los mercados son eficientes a la hora de fijar el precio de las acciones, pero muy ineficientes a la hora de fijar el precio de las inacciones. En consecuencia, los mercados resultan insuficientes cuando los beneficios tienen un componente social, como las inversiones a nivel nacional en el suministro seguro de energía y minerales de tierras raras.

Para ayudar a las economías a dirigir, coordinar y financiar con éxito inversiones con alcance intermercado, Mariana Mazzucato y Dani Rodrik han defendido las asociaciones público-privadas en su obra “Política industrial con condicionalidades: una taxonomía y casos de ejemplo”. Aclaran que las condicionalidades son cruciales para el éxito: el gobierno debe crear incentivos para orientar la toma de decisiones de las empresas privadas hacia resultados que de otro modo no se buscarían.

Un acuerdo público-privado de este tipo podría diseñarse en torno a que el gobierno proporcione a las empresas privadas uno o más beneficios —préstamos, incentivos fiscales, agilización de permisos— a cambio de dos tipos de condicionalidades: direccionalidad y relación riesgo/recompensa. La direccionalidad implicaría exigir a las grandes empresas de IA que aborden las preocupaciones locales internalizando los costos ambientales y sociales (como el intercambio de datos técnicos, compromisos de gestión del agua y coinversión en el desarrollo de redes eléctricas). La relación riesgo/recompensa implicaría que, cuando el sector público asume parte del riesgo, también comparte parte de los beneficios. Por ejemplo, esto podría hacerse mediante la participación en los beneficios excedentes, instrumentos de capital o acceso a la capacidad de computación.

En comparación con el pasado reciente, los responsables políticos están ahora en mejor posición para apreciar la importancia estratégica de los centros de datos. El panorama económico mundial ha cambiado, clarificando el valor de dicha infraestructura. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se centró en la reconstrucción conjunta. La integración era el objetivo y la globalización el medio. Hoy, la geoeconomía domina un panorama más fragmentado. El poder reside ahora en la capacidad de controlar nodos estratégicos.

Esto significa que los responsables políticos ya están más predispuestos a considerar las inversiones estratégicas desde una perspectiva intermercado. Desde ese punto de vista, la relevancia estratégica de los centros de datos es menos incierta que la que alguna vez se percibió en relación con la opcionalidad energética o el procesamiento de tierras raras. El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, ha descrito la IA como un pastel de cinco capas: los centros de datos se ubican dentro de la capa de infraestructura, lo que subraya su relevancia para toda la economía.

Por supuesto, el problema de canalizar la inversión hacia industrias estratégicas no se limita a Estados Unidos. En su informe de 2024 sobre la competitividad europea, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, reconoció la innovación disruptiva, la capacidad industrial de defensa y las redes transfronterizas como bienes públicos "que no se abastecerán adecuadamente sin una acción común".

La construcción de centros de datos debe convertirse en un tema bipartidista. El éxito de las alianzas público-privadas dependerá de su diseño. Si se imponen demasiadas condiciones, la innovación podría verse frenada; si se imponen muy pocas, los actores del mercado privado se beneficiarán sin obtener ventajas.

Autor:

Vittorio Quaglione, ayudante de cátedra en la Universidad Bocconi, es fundador y editor de MOPS, un boletín informativo sobre macrofinanzas, tecnología y políticas públicas.

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