Un aprendizaje de la Ciencia Económica que le mereció el Premio Nobel de 1993 a Douglas North fue el hecho de que las instituciones son un contexto y hasta una variable fundamental en el desempeño de un sistema económico, sea éste un país o un sector económico como el de las telecomunicaciones.

En otras palabras, si pensamos en dos economías con la misma dotación de recursos humanos, tecnológicos, naturales, etcétera, lo que encontramos son resultados económicos disímbolos entre las dos. ¿Por qué? Son las instituciones, entendiendo por éstas a las organizaciones, tanto privadas como gubernamentales, los marcos legales y su grado de aplicación, las que marcan la diferencia. Con todo, las instituciones son importantes, ya que pueden sus acciones o inacciones resultar en un marco de operación más o menos eficiente; más o menos confusa o transparente.

Gobernanza eficiente para las telecomunicaciones

Según el Nobel de Economía, si para todo sector económico es importante su estructura de gobernanza, más aún para un sector como el de las telecomunicaciones. Debido a su tamaño e impacto social, resulta fundamental por parte del gobierno regular (y desregular a su tiempo) para maximizar el bienestar de los consumidores finales.

Dicha regulación debe enfocarse en las características propias del sector y crear una única estrategia de coordinación efectiva que logre alinear las metas regulatorias con el funcionamiento de la industria. A su vez, deberá implementar las condiciones necesarias de operación e inversión para el mejor aprovechamiento de su potencial como sector líder en el desarrollo y crecimiento del país.

La experiencia histórica e internacional muestra que la claridad de esa señalización institucional eficiente se vincula con un orden sencillo y también eficiente de las organizaciones e instituciones encargadas de esa gobernanza. Por lo general, múltiples instancias institucionales y reglamentarias se traducen en confusión, lentitud, captura regulatoria y en el agregado, en ineficiencia de operación. En México, la estructura institucional y regulatoria vigente en el sector hace evidente la falta de criterios únicos en la regulación para la provisión de servicios convergentes de telecomunicaciones y la utilización eficiente del espectro para proveer todos los servicios técnica y económicamente factibles. Si bien los operadores tienen derecho a defender sus intereses particulares, su dimensión se magnifica por la sub-óptima estructura de gobernanza o, más bien, la doble gobernanza que aplica al sector convergente de las comunicaciones, con dos actores relevantes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

El verdadero problema

En los últimos años se ha privilegiado la independencia plena como una mejor opción frente a otros mecanismos institucionales. Típicamente se ha separado una Secretaría o Ministerio y se le han asignado funciones, autonomía y un presupuesto con el fin de que estén separados del Poder Ejecutivo. De esta forma, se ha demostrado que cuando los organismos reguladores en otros ámbitos (Suprema Corte de Justicia, organismos electorales) se componen de varios miembros, las decisiones que toman tienden a ser más independientes de presiones gubernamentales o económicas, y este hallazgo se puede extender a los reguladores de telecomunicaciones.

En el caso de México, la autonomía está garantizada en la ley, aunque constituye únicamente un primer paso y no siempre tiene los efectos deseados. Esto se debe a que el sector de las telecomunicaciones mexicano ha operado por años con una doble ventanilla, ya que no es claro qué trámites, servicios u ámbitos son competencia de la Cofetel y cuáles competen a la SCT. Esto tiene efectos negativos en el desempeño del sector y reduce el impacto del regulador autónomo.

Por lo tanto, es importante eliminar la doble ventanilla que existe actualmente, ya que este tipo de decisiones entre dos órganos reguladores reduce la certidumbre en el sector. Con ello, limita la propensión a invertir por parte de los operadores al carecer de reglas claras, estables y conducentes en el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel nacional.

Como resultado, necesitamos tener una única autoridad para el sector convergente de las comunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones, que fomente un ambiente de certidumbre y sana competencia para el impulso de uno de los sectores líderes en la economía del México contemporáneo. Pero cuidado, no vaya a ser el caso de que con la reciente resolución de la SCJN estemos confundiendo la eliminación de esa doble ventanilla con la gestación de una ventana y una ranura, en donde subsiste la doble instancia de trámites y autoridad.