En México, por ley, los patrones deben inscribir a los trabajadores en los servicios de seguridad social. Una excepción a esta regla se prevé para el caso de las personas que se dedican al servicio doméstico. Lo anterior, de conformidad con los artículos 146 de la Ley Federal del Trabajo y 13, fracción II, de la Ley de Seguridad Social. De acuerdo con cifras oficiales, más de 2 millones de personas en el país desempeñan este trabajo; de este número, más de 90% son mujeres.

Lo anterior hace evidente la importancia y posibles repercusiones que pueden suscitarse de este tópico. Históricamente, las condiciones generales de trabajo de las personas que se han dedicado a esta labor han sido francamente malas, precedidas de una noción de servidumbre colonial. En este contexto, resulta necesario considerar si resulta o no adecuado mantener este régimen de excepción en la actualidad.

La Segunda Sala de la Suprema Corte, a propuesta del ministro Laynez, resolvió el 14 de febrero pasado atraer un caso de una mujer, cuya edad ronda los 80 años y se ha dedicado desde hace más de 50 a este tipo de labores. Ella demandó de su patrón, entre otras cosas, la inscripción retroactiva a la seguridad social desde 1970. La Junta de Conciliación y Arbitraje que conoció del caso absolvió a la parte demandada respecto de este concepto y señaló que, de acuerdo con las normas apuntadas, no resulta obligatorio inscribir a este tipo de trabajadores en la seguridad social. El tema que habrá de resolver la Sala de la Corte es si, precisamente, resulta discriminatorio y, por tanto, inconstitucional, que este tipo de trabajo esté en un régimen optativo de inscripción a la seguridad social.

Como parte de las razones que sostuvo la Sala para justificar atraer este caso, se destacó que además del pronunciamiento de lo dispuesto en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, eventualmente podrían analizarse otras normas para determinar si el régimen voluntario es o no discriminatorio, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo de San Salvador; el informe denominado “Trabajo decente para los trabajadores domésticos”, rendido en la Conferencia Internacional del Trabajo, 99ª Reunión 2010, de la Organización Internacional del Trabajo; el Documento Informativo sobre trabajadores del hogar 2015; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras del cuarto trimestre del 2016, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte, y el Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Convenio 189).

Es importante darle seguimiento a este caso dado el impacto que podría generar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del régimen voluntario de inscripción a la seguridad social para este tipo de trabajadores y, en su caso, si es o no posible que sea retroactivo. En esta discusión se deberá sopesar si en la actualidad existen las condiciones para mantener este régimen de excepción o no. Vale la pena, además, que se aproveche la oportunidad para visibilizar las distintas aristas de este fenómeno, como son la falta generalizada de contratación en términos formales y las malas condiciones generales de trabajo que normalmente se presentan para quienes llevan a cabo esta labor.

@gaboglezsantos