Reforma judicial: transparencia, en riesgo

La reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un notable impacto negativo en los mercados de capitales y cambiario.

Del 3 de junio del año en curso, el día después de las elecciones, al 12 de junio, el peso pasó de una cotización de 17.7141 unidades a 18.7597 unidades por dólar.

La volatilidad del tipo de cambio está en uno de sus niveles más elevados.

Tan sólo en el mes de mayo aumentó 7.73% y se colocó en 30.77 por ciento.

Muy cerca del nivel de 34.63% que alcanzó en marzo del 2020, con la pandemia del Covid-19 y, muy lejos del 7.81% registrado en enero del 2019.

Del conjunto de 20 iniciativas que en febrero pasado planteó el presidente lopezobrador.

Pero la que encendió los focos rojos entre los mercados, es la Reforma Judicial.

Y de las cinco reformas que la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum colocó como prioritarias, la Reforma Judicial, lopezobradorista, sigue siendo la que genera la volatilidad en los mercados.

La estrategia de abrir el diálogo, mediante un parlamento abierto, encuestas, diálogo nacional con todos los involucrados con el tema del derecho y la impartición de justicia, no ha logrado atemperar la volatilidad.

Y no lo ha logrado por el mensaje presidencial reiterado de que la reforma judicial va. Y sobre todo, porque la advertencia del Presidente de México es que la elección por voto popular de los jueces, ministros y magistrados, es inamovible. La advertencia generalizada, en el ámbito local, es que una reforma judicial con las características que propone el actual gobierno debilitaría el Estado de Derecho e impactaría negativamente en la confianza de los inversionistas.

Un Poder Judicial integrado por jueces, ministros y magistrados electos por votación popular, sería un Poder Judicial politizado.

Estaría marcado por los intereses de quienes financien, promuevan y hagan ganar las candidaturas de quienes obtengan los votos necesarios para alcanzar los cargos.

Los jueces, ministros y magistrados, electos por votación popular, la deberían a alguien sus puestos y tendrían que responder a los intereses correspondientes.

Se eliminaría de facto la división de poderes por el control del partido Morena del Poder Legislativo y Judicial.

Dejaría de ser un Poder Judicial aislado de los intereses gubernamentales y de aquellos que pudieran haberlos patrocinado.

Se ha dicho que de ocurrir como todo parece indicar que ocurrirá, la aprobación de la Reforma judicial implicaría la violación por parte de México de lo que dispone el T-MEC, en materia de inversiones y de contar con un poder judicial transparente e imparcial.

El ex negociador del acuerdo comercial renfe México-EU y Canadá, Kenneth Smith, señala que la Reforma del poder Judicial, por sí sola no implicaría una violación a lo que México está comprometido con sus socios comerciales.

El T-MEC no establece cómo se organiza, cómo está estructurado y cómo se administra el poder judicial.

De hecho es un derecho soberano de México y de cada país, la integración de su Poder Judicial. Sin embargo, todo depende de qué incluya la Reforma Judicial y cómo actúe en su momento.

Si la reforma judicial se aprueba para que los jueces sean votados en las urnas, México podría incurrir en la violación del compromiso de tener una autoridad judicial eficaz, transparente e imparcial.

Lo que sí establece el T-MEC es que uno de los principios básicos que protegen a los países en sus relaciones comerciales y de inversiones, es la transparencia y la no discriminación en las decisiones gubernamentales.

Y este criterio cubre al gobierno federal, a los gobiernos estatales y locales, al Ejecutivo y por supuesto al poder judicial.

En materia de inversión, nuestros socios comerciales podrían cuestionar si finalmente se aprueba la votación de los integrantes del poder judicial porque pondría en riesgo su imparcialidad.

Si las decisiones que tome el Poder Judicial con integrantes electos por voto popular discriminan a empresas privadas respecto de las empresas del Estado, o si queda claro que ciertos intereses están teniendo influencia en los jueces.

El 12 de junio pasado, el responsable del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo que la transparencia judicial es vital y exhortó a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum a que la reforma judicial que analizará el Congreso en México respete las inversiones.

El tema es delicado para México y su entramado institucional. También es delicado para el ambiente de negocios e inversiones. Y para la relación de México con sus dos principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá. Al tiempo.