El estado de Puebla tuvo en julio del año pasado una elección competida para renovar la gubernatura, 41 diputaciones y 217 ayuntamientos. El porcentaje de participación ciudadana fue de 66.92 y para garantizar el ejercicio del voto, la autoridad electoral desplegó su capacidad técnica y operativa en la entidad, donde se instalaron poco más de 7,500 casillas a cargo de personas sorteadas y capacitadas para recibir y contar la voluntad expresada por sus vecinos.

Las tensiones políticas de la campaña continuaron en una etapa de impugnaciones que resolvió el tribunal electoral en distintos momentos, anulando finalmente comicios en cinco de los 217 municipios y analizando irregularidades lamentables (como violencia en casillas, aunque en porcentaje menor respecto del total), para concluir que la contienda a la gubernatura, que se definió en las mismas casillas únicas donde se votó la elección presidencial, debía validarse.

Continuaron las discusiones políticas sobre el resultado incluso después de la sentencia del tribunal. Cuando la gobernadora Martha Erika Alonso había tomado ya protesta y se normalizaba el entorno político del estado, vino un lamentable accidente el 24 de diciembre pasado, donde perdió la vida junto con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Ese contexto de tensiones políticas no provocó la tragedia que obliga a organizar una nueva elección, que a diferencia de las cinco municipales extraordinarias no es producto de nulidad por sentencia del tribunal, sino de ausencia por un accidente fatal de quien había sido electa.

El INE valoró el entorno en donde todos los actores políticos consideraban que debería ser la autoridad nacional y no el órgano electoral local quien asumiera la organización de la nueva contienda. Las y los consejeros locales tienen solvencia técnica e institucional para desahogar los comicios, pero manifestaron estar de acuerdo con una medida que permite la ley y que en este caso particular puede generar un mejor escenario para celebrar simultáneamente las cinco elecciones extraordinarias en los municipios anulados y la elección especial por la gubernatura.

Desde el 2014 la Constitución y la ley abren la posibilidad para que el INE se encargue de manera parcial o asuma de forma total la conducción y organización de comicios locales. No es la primera vez que la autoridad nacional organizará elecciones locales de forma directa, pero sí la primera en que lo haga activando el dispositivo legal de asunción total.

En el 2015 la elección de gobernador en Colima se anuló y la sentencia ordenó que la extraordinaria fuera organizada directamente por el INE a nivel central, y en el 2016 el instituto también se hizo cargo de la elección especial para conformar la Asamblea Constituyente de la CDMX. En ambos antecedentes se arribó a buen puerto con los trabajos.

No pueden construirse democracias sin demócratas y de ahí que la conducta que asuman los actores políticos en el desarrollo de esta nueva contienda es clave. El INE aplicará los estándares de calidad operativa y técnica, la autoridad local ha facilitado las cosas para que haya mejor terreno de competencia, pero no basta la sensibilidad institucional que se ha mostrado a nivel local y nacional para propiciar mejores condiciones de certeza y confianza a las distintas fuerzas políticas, debemos sobre todo generar esa confianza en la población, que tenga la seguridad de que su voto va a ser respetado en el sentido en que lo deposite en las urnas en libertad.

*Consejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada