El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) está oficialmente suspendido y el mérito es de la sociedad que se opuso desde un principio y de Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien a través del regulador presentó una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en ese controversial registro.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la suspensión al IFT porque el Panaut le imponía la obligación de realizar las erogaciones necesarias para su instalación, operación, regulación y mantenimiento, todo ello con cargo a su presupuesto.

De forma inopinada, el Congreso de la Unión ha reducido el presupuesto del IFT bajo un criterio erróneo de austeridad y como parte de la consigna presidencial de cuestionar y debilitar a los organismos autónomos. El IFT tutela diversos derechos fundamentales. La Cámara de Diputados sólo ha otorgado recursos presupuestales reducidos para las actividades sustantivas del IFT. Ni siquiera el proyecto de presupuesto de egresos para 2022 contempla dinero para la implementación del Panaut, por lo que el gobierno federal cree que las cosas no cuestan.

Recuerde que el Panaut fue una mala idea original del diputado Mario Delgado, actual dirigente de Morena. Desde que se conoció la iniciativa, las críticas al registro de usuarios de telefonía móvil, desde la sociedad y entes autónomos como el IFT y el INAI, se centraron en las afectaciones a la privacidad, la protección de datos personales y el registro de datos biométricos.

El Panaut fue aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores sin discusión previa y desoyendo las advertencias y afectaciones a los derechos humanos, como una falsa solución a las extorsiones y secuestros que se perpetran desde los centros penitenciarios mediante el uso de teléfonos celulares que, extrañamente y sin control, ingresan a esas prisiones.

Sin embargo, el Panaut plantea una serie de transgresiones sistemáticas a derechos fundamentales pocas veces vistas, de ahí su rechazo en la opinión pública, mediante amparos y controversias constitucionales de órganos autónomos.

Además de la afectación a la privacidad y la intromisión a los datos personales, el Panaut también lastimaba el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), porque existía la amenaza de suspensión de la línea móvil y la desconexión si los titulares de las líneas no se registraban.

Las consecuencias sociales de no registrarse al Panaut eran descabelladas en plena pandemia, porque los usuarios utilizan su teléfono para comunicarse, ejercer derechos y realizar actividades cotidianas como el teletrabajo, estudiar, tener acceso a la salud, recibir servicios o realizar trámites diversos.

El mérito de Adolfo Cuevas fue triple. Por una parte, a través del IFT convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) para que expresaran sus puntos de vista en contra del Panaut. Con ello, se acercó a las OSC (algo que casi nunca hace el IFT), escuchó sus argumentos y legitimó una decisión que ya estaba preparando: la controversia constitucional.

En este mismo espacio le informé que el ideólogo de incluir los datos biométricos de los usuarios de telefonía no provino ni del promotor de la iniciativa ni de los legisladores que la aprobaron, sino del comisionado Sóstenes Díaz, respaldado por otros cuatro comisionados del IFT de forma no institucional, excepto Adolfo Cuevas.

Finalmente, el 26 de mayo el Pleno del IFT, presidido por Cuevas, aprobó interponer una controversia constitucional contra el decreto que lo obliga a instalar, operar, regular y mantener el Panaut. El IFT solicitó la suspensión de los preceptos impugnados para preservar la discusión de fondo y evitar afectaciones irreparables, como tener que destinar presupuesto y dinero que no hay para implementar el registro y recabar los datos biométricos de los usuarios.

Cabe aclarar que el Ejecutivo Federal interpuso una reclamación a la medida cautelar de suspender el Panaut y no afectar los recursos del IFT. La Primera Sala consideró infundados los argumentos del Poder Ejecutivo y confirmó la suspensión. Fue otro triunfo del regulador y una defensa de su autonomía.

El IFT centró su estrategia jurídica y argumentación en la imposibilidad de asignar recursos a la implementación del padrón. Señala que el mandato “configura una afectación directa a una garantía institucional de este órgano autónomo prevista en la Constitución, la cual establece que es independiente en sus decisiones y funcionamiento, ejerce su presupuesto de forma autónoma y con una suficiencia presupuestal que le permita el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias”.

El IFT estimó el impacto presupuestal de operar el padrón en 109.8 millones de pesos mexicanos el primer año y de 88.5 mdp los subsecuentes. La estrategia enfocada en la autonomía presupuestaria del IFT funcionó y hoy el Panaut está suspendido. La decisión de la Primera Sala es congruente y beneficia a casi 123 millones de usuarios de telefonía móvil que no tendrán que registrarse, exponer su privacidad, datos personales y biométricos ni arriesgarse a perder su línea celular.

La SCJN deberá resolver el fondo del asunto: garantizar los derechos fundamentales contenidos en los artículos sexto y séptimo constitucionales y garantizar a los usuarios un acceso libre y sin injerencias arbitrarias a los servicios de telecomunicaciones. En esto, que es lo sustantivo, la sociedad y los órganos constitucionales autónomos como el IFT y el INAI también podemos ayudar a los ministros de la Suprema Corte, porque el Panaut no pasará.

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

En comunicación

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM. Estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la comunicación política y el periodismo. Es autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox.

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