En el pasado se solía decir que el político es esclavo de sus palabras, es decir que tenía que honrar sus dichos anteriores o pagar las consecuencias. Pero de un tiempo para acá se apuesta por la pobre memoria y con facilidad se tienen posiciones divergentes en tiempos distintos por los mismos actores.

En las campañas vemos a los candidatos a gobernador prometiendo derogar impuestos (la Tenencia) o no incrementar o reducir precios controlados como tarifas de transporte, etcétera. Siempre apostando a que de ganar la gente olvidará y ya se encontrará excusa para no cumplir.

Mucho se ha analizado y discutido en torno al gasolinazo. Vale la pena revisarlo a detalle desde la perspectiva de la política de comunicación del gobierno federal.

Una vez concretada la reforma energética, la publicidad oficial se enfocó en anunciar que gracias a ésta se reduciría el precio de la gasolina, y como en ese momento el precio en México era superior a los costos y recaudaba buenas cantidades de impuesto, decidieron suspender el deslizamiento mensual que tenía casi 30 años. El presidente Enrique Peña Nieto hizo una declaración de que ya no aumentaría el precio de la gasolina (la grabación ha sido ampliamente difundida en redes sociales).

Desde inicios de diciembre se hicieron evidentes problemas de desabasto de gasolina en varios estados. Al principio se negó que existiera, luego se explicó que teníamos retraso en algunas entregas, posteriormente se culpó a la ordeña y robo de los ductos y finalmente, después de anunciar el incremento en los precios, se acusó de especulación a las gasolineras.

Desde el 10 de diciembre empezaron a aparecer estimaciones de firmas privadas sobre el precio que podría alcanzar la gasolina a partir de enero, mientras el gobierno federal se mantuvo ausente, hasta el día 28 que anunció la nueva política de precios y regiones y el incremento de más de 20 por ciento.

La mayor parte de las explicaciones dadas por el gobierno federal han sido verdades a medias o mentiras completas, como la que el propio presidente hizo, culpando al gobierno anterior de no actualizar los precios, cuando el rezago se produjo fundamentalmente el año pasado ya en este gobierno: la gasolina inició con un precio menor que el año anterior y tuvo un incremento neto de 40 centavos en el año, aun cuando el precio internacional del petróleo subió y nuestra moneda se devaluó, que son las razones del incremento de enero.

Independientemente de si se justifica o no la medida, es claro que buena parte del mal humor social viene de haber roto la política de deslizamientos pequeños mensuales que acabaron con los incrementos bruscos, así como de la reacción en contra de las mentiras.

Hay varias señales que indican el fin de la época de los comunicólogos que con falsedades, eufemismos y exageraciones hacían la comunicación gubernamental.

Hoy todo ello se revierte, afortunadamente, en el ánimo popular. Dígalo si no el gobernador de Nuevo León, que no cumplió su oferta de campaña de eliminar la Tenencia, o el gobierno que no realizó el año pasado el recorte presupuestal anunciado, y que las calificadoras reaccionaron bajándonos la evaluación.

La democracia requiere de comunicación precisa, verificable y suficiente del gobierno. Por eso resulta claro que una de las lecciones de la actual crisis es la necesidad de exigir a nuestro gobierno veracidad y que avancemos en la regulación rigurosa del uso de recursos públicos para publicidad gubernamental.

*El autor es presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Senadores.