Esta semana, se cumplieron 25 años de la constitución del primer órgano de competencia en México, la Comisión Federal de Competencia (CFC), que daría paso a la actual Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el 2013. ¿Qué evaluación podemos hacer al respecto?

De entrada, el primer marco jurídico no permitía sancionar los acuerdos colusivos y los abusos de posición dominante. Esto vino con la nueva ley del 2014. Es sin duda bienvenida una ley y una institución que obligue a las empresas a competir por sus clientes; a mayor competencia, consumidores satisfechos y posibles bajadas en los precios, junto a una mejora de la innovación. Esto es indiscutible.

La Cofece ha mejorado su evaluación en algunos índices como la Global Competition Review. En esto no cabe más que felicitar a Alejandra Palacios, su presidenta, por su buen trabajo y autonomía relativa que ha logrado para la Comisión. La cultura de competencia en un país de crony capitalism (capitalismo de cuates y de favores) era y sigue siendo muy necesaria para que las empresas aprendan a competir por la justicia meritocrática. ¿Se ha logrado lo anterior? En parte.

Si vemos las multas impuestas por la Cofece a las empresas que celebran cárteles, las multas apenas se empiezan a incrementar en los últimos tiempos. Sin embargo, como refirió el Tribunal Supremo Español, las elevadas sanciones disuasivas pueden ir en contra de la capacidad económica de las empresas. El resto del tiempo —también porque el marco jurídico no lo permitía— casi nunca se establecieron sanciones ejemplares y que hubieran sido efectivamente cobradas. En esto hay que felicitar parcialmente a la Comisión. En la evolución del trabajo de la Comisión —de las resoluciones que publica y de los estudios que realiza, así como en mi experiencia como abogado en estos temas—, además del incremento de las sanciones, podemos hacer tres críticas que todavía representan una ventana de oportunidad para el organismo.

La primera es la constante sanción a pymes y una política de control de concentraciones a nuestro juicio demasiado laxa. Aunque la tendencia internacional va por esa línea, creemos que en México existen demasiadas empresas con poder sustancial de mercado, como de hecho afirmó la presidenta de Cofece en su intervención en ese día. 25 años de un nuevo marco jurídico e institucional no han supuesto un bienestar efectivo de los consumidores ni para los competidores. Si lo comparamos con Estados Unidos, a raíz de la Ley Sherman, se intentó partir a varios monopolios, a pesar de la novedad de la legislación, como la desconcentración de la Standard Oil en 1914. Estados Unidos comenzó con un espíritu y una audacia, que echamos de menos en la Comisión. Es cierto que tarda la cultura de competencia en permear en la sociedad, pero precisamente por ello hay que ir por las empresas grandes, que en México son legión y no ser tibio.

En segundo lugar, el dogmatismo con el que la Comisión interpreta con frecuencia la Ley Federal de Competencia Económica, más dogmática que los dogmas religiosos y por la propia Escuela de Chicago —fuente de interpretación de la ley. Esto ha llevado a que la justicia de competencia sea en México, un producto de lujo, o como diría López Obrador, reducido a empresas fifí. La interpretación dogmática es la peor de las interpretaciones —el espíritu vivifica, pero la letra de la ley mata. La tercera de las críticas es su tendencia a convertirse más que en un órgano regulador, que en una autoridad de competencia. La competencia por definición no es reguladora y consideramos que inmiscuirse en ella es quitarle atribuciones a la Conamer (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria). En los últimos años, Cofece realiza múltiples estudios con recomendaciones que tienen escasa trascendencia y cambian su naturaleza de organismo antimonopolios en un think tank de la competencia y la regulación.

Añadiríamos una cuarta crítica que es poner demasiado énfasis en el tema de las compras públicas, olvidando que las prácticas contrarias a la LFCE son muchas más. En definitiva, podemos concluir que en 25 años la Cofece ha logrado su cometido a medias.

*Máster y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife & Caballero.