La semana pasada referí que México es un país medianamente libre (con un puntaje de 6.90 en el Índice de Libertad Económica dado a conocer por el Instituto Cato, lo que nos situó en el lugar 82 de entre 162 países considerados), mientras que en el Índice de Desarrollo Humano estimado, elaborado por el PNUD, nos situamos en el lugar 74, ello a pesar de ser la decimoquinta economía más grande del mundo.

De entre los diferentes subíndices que componen el referido índice, hay dos que destacan por ser los elementos más débiles del arreglo institucional. El primero es el sistema legal y derechos de propiedad con un puntaje de sólo 4.1, y el segundo la regulación de los mercados, particularmente el laboral (con un puntaje de 5.6) y la regulación a la que se enfrentan las empresas (con un puntaje de 6.4).

Trataré en este artículo el relativo a algunos aspectos de la regulación del mercado laboral, específicamente algunas fracciones del apartado A del artículo 123 constitucional, que es la base de la Ley Federal del Trabajo (cuyo análisis requeriría un año completo de artículos, así de complicada y llena de defectos).

Primero, las fracciones V y VII. En la V se establece que las empleadas tendrán una licencia por maternidad de seis semanas anteriores al parto y otras seis posteriores al mismo. Por su parte, la VII señala que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo. Ambas, aunque no lo parezcan, están íntimamente relacionadas. Se observa que a pesar de lo establecido en la fracción VII, las mujeres sí obtienen un salario menor al de los hombres y esto es en parte explicado por la mayor rotación de las mujeres como resultado de ejercer con plena libertad su derecho de procreación y de la licencia por maternidad a la que tienen derecho. Una solución al efecto diferencial de salarios es extender la licencia por paternidad. Esto tiene además un efecto secundario positivo: reduce el número de hijos al hacerse patente y evidente para los padres los costos de destinar su tiempo al cuidado activo de los hijos; menos hijos deriva en un mayor gasto por cada hijo en la inversión en capital humano.

Otra fracción relevante es la IX, en donde se establece el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas, cuya base de cálculo es la misma que para el pago del ISR. Exceptuando el caso en que los trabajadores fuesen empleados de un monopsonio (y su salario fuese menor al valor de su producto marginal), la disposición del PTU actúa efectivamente como un impuesto al empleo, en perjuicio de los trabajadores en su conjunto.

Una más es la fracción XII, que establece la obligación para las empresas de proveer de  vivienda a sus trabajadores, siendo las aportaciones al Infonavit la forma de cumplir con esta disposición, creando un fondo sobre el cual el trabajador puede obtener un crédito hipotecario. Esta disposición es, en la práctica, otro impuesto al empleo formal.

Por último, está la fracción XXIX relativa a la seguridad social. Las cuotas que pagan las empresas al IMSS son también un impuesto al empleo formal.

Tres impuestos implícitos al empleo formal, PTU, Infonavit e IMSS (cuatro si se agrega la contribución patronal a las cuentas individuales de retiro), y que en conjunto representan alrededor de 30% del salario de cotización, explican, en gran parte, por qué 56% de la mano de obra empleada es informal. La solución: transitar hacia un sistema de seguridad social universal financiado con la recaudación general de impuestos. Las empresas y los trabajadores serían más libres.

[email protected]

IsaacKatz

Economista y profesor

Punto de vista

Profesor de Economía, ITAM. Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.