El ex presidente Carlos Salinas de Gortari puso el dedo en la llaga al criticar la deficiente regulación aplicada a Telmex después de su privatización y que le permitió comportarse, en la práctica, como un monopolio privado, extractor de rentas excesivas de sus usuarios cautivos, para adquirir empresas de telecomunicaciones en el extranjero y crear el gigante transnacional que hoy es América Móvil.

Inmediatamente, varios de los que tuvieron a su cargo la regulación de Telmex después de su privatización empezaron a aventarse la bolita. Salvo durante los periodos de Carlos Casasús y Javier Lozano al frente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en donde se tuvieron importantes avances en la apertura y fomento a la competencia, todas las demás administraciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cofetel fueron absolutamente omisas y negligentes en su encargo, y en el caso de la de Pedro Cerisola, ex empleado de Telmex, durante el sexenio Sahagún-Fox, fue abiertamente proactiva en la protección de los intereses de Telmex-Telcel por encima de la competencia, habiendo llegado a afirmar que el modelo de un mercado de telecomunicaciones en competencia no servía.

Es cierto que la privatización de Telmex debió hacerse dividiendo la empresa en distintos segmentos que limitaran su capacidad de imponer barreras a sus competidores, pero no debemos olvidar el gravísimo estado de deterioro en que se encontraba la red y lo deficiente de sus servicios. Se requerían inversiones multimillonarias para reconfigurarla y se necesitaban rápido. No fue la mejor decisión para crear un régimen de competencia, pero sí para pasar de una empresa burocrática altamente ineficiente a una empresa privada que en pocos años fue infinitamente mejor que la que administraba el gobierno. A veces no se puede todo y hay que elegir. A los que vivimos el Telmex de los 70 y 80 nos queda claro que la decisión del ex presidente Salinas fue la correcta.

Una vez revertida la paupérrima operación y calidad de Telmex se debió haber profundizado en el régimen de competencia. Salvo las honrosas excepciones de Carlos Casasús y Javier Lozano, esto fue algo que nunca se hizo hasta la reciente reforma en telecomunicaciones, que aun con tumbos va avanzando. Al gobierno siempre le pareció muy cómodo dejar los compromisos de cobertura universal en una sola empresa, Telmex, para hacer como que existían, pero sin supervisarlos ni mucho menos sancionar su incumplimiento.

Telmex siempre ha tenido razón en que es una incongruencia pretender que haya un mercado en libre competencia cuando sólo una empresa tiene compromisos de cobertura universal. Es hasta ahora, con la reforma del presidente Peña Nieto, que el Estado asume a cabalidad su obligación primigenia de promover la cobertura universal. Este reconocimiento es muy trascendente, aunque, en mi opinión, el proyecto de la red compartida en la banda de 700 MHz con el estándar asiático (al día de hoy no hay un solo teléfono móvil en el mundo que opere comercialmente con ese estándar) será un sonoro fracaso simplemente porque el modelo de negocios no funciona: o la subsidia el Estado y entonces no es competitivamente neutra y desincentivará la inversión privada, o quebrará y se convertirá en el Fobaproa de las telecomunicaciones gracias a la necedad de Molinar Horcasitas, Mony de Swaan y Luis Lucatero.

Como sea, a paso de tortuga y dando tumbos, el país está avanzando en telecomunicaciones. El 2015 será un año crucial para empezar a ver los resultados de la reforma en telecomunicaciones y los verdaderos reacomodos en la industria. Falta, por supuesto, la tan anunciada desincorporación de América Móvil, a quien parece ya no correrle prisa, quizá por la forma en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha venido matizando la regulación asimétrica establecida en la reforma. El cumplimiento cabal de la regulación asimétrica es la condición sine qua non para un mercado en competencia.