Hoy es imposible para la CFE generar 54% de la electricidad del país sin que sus ejecutivos incurran en daño patrimonial. No es porque haya un límite a su participación de mercado. Es porque los costos variables de una enorme cantidad de las plantas de CFE son poco competitivos. Y sus contribuciones a la seguridad del sistema, que tanto le gusta presumir al gobierno, no son tan significativas para el balance de la red en tiempo real. Por eso no se despachan.

No hay mucho que reclamar: los costos variables son auto-declarados. Las ofertas de día adelantado de cada central del país constituyen la información clave que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) usa para ordenarlas por costos, de menor a mayor. Así es fácil encontrar la solución óptima para el sistema. Al día siguiente se despachará el megawatt-hora más barato, luego el siguiente, y así hasta que se cubra toda la demanda.

Si la CFE realmente quiere el 54% del mercado de generación, hoy tiene una opción simple: que una serie de sus centrales de generación oferten en el mercado del día adelantado por debajo de sus costos variables. Así colarían más megawatts-hora en la fila y lograría despachar más centrales, desplazando a sus competidores. Claro que, si esto se hace recurrentemente, las pérdidas intencionales que se generarían constituirían un daño patrimonial evidente. De por sí ninguna de las subsidiarias de generación propias de CFE (I-IV y VI) generan ganancias. ¿Se imaginan el nivel de pérdidas? Y de la actualización de prácticas monopólicas mejor ni hablamos.

Hay otra opción menos transparente, que quizás justo por eso siga siendo la preferida del gobierno. El Cenace complementa la optimización del día adelantado con criterios de seguridad del sistema en tiempo real. Esto permite que algunas plantas que no se creía que se despacharían al día siguiente pueden terminar siendo despachadas, bajo precios más altos, en tiempo real. Pero si se usan criterios estrictamente técnicos, esto no le da a la CFE un empujón tan significativo en su participación de mercado. Que pocos, salvo por los que están en la industria, sepan esto genera condiciones políticas para abusar del concepto de seguridad en tiempo real. Como si se tratara del más incompetente de los operadores de sistema (ISO) en el mundo, la secretaria de energía y el director de la CFE implícitamente plantean que el Cenace no es capaz de balancear el sistema usando las herramientas del mercado de tiempo real. Sólo así se justifica que afirmen que requiere facultades adicionales (decreto Nahle) o de un cambio en los criterios de despacho (reforma a la LIE).

Nada de esto reduce los costos de generación de CFE, que seguirán siendo los que son. Pero este camino, de abusar del concepto de seguridad, obliga al sistema entero a absorberlos. Cuando los costos adicionales pasen por la caja negra de la contabilidad de CFE, las tarifas eléctricas subsidiadas y las aportaciones directas del gobierno, el impacto será mucho menos evidente que lo que sería el burdo daño patrimonial de ofertar megawatts-hora por debajo de su costo. Pero el daño al país y su hacienda pública no cambiaría de tamaño.

Trágicamente, este es el mismo el objetivo de la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica. En línea con lo que el presidente y su gobierno han declarado, van por el 54, tratando de truquear de nuevo el orden despacho. Porque, al final del día, ¿para qué existe el sistema eléctrico nacional si no es para servir a la CFE y sus objetivos? ¿Y para que existe la Constitución, si no es para legalizar el daño patrimonial?

@pzarater

Pablo Zárate

Consultor

Más allá de Cantarell

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