La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que toda persona tiene el derecho, individual o colectivo, de intervenir en las decisiones públicas. En este sentido, uno de los mecanismos de la democracia participativa, a través de los cuales la ciudadanía puede ejercer este derecho, es el presupuesto participativo.

En la Ciudad de México, para el 2021 el presupuesto participativo representa el 3.5% del total del presupuesto asignado a las alcaldías y está destinado para proyectos propuestos y votados por la ciudadanía. A diferencia de otras prácticas democráticas de rendición de cuentas, el presupuesto participativo tiene la particularidad de que incorpora a la ciudadanía en las diferentes etapas del ciclo de la política (propuesta, aprobación, implementación, monitoreo y evaluación). A grandes rasgos, en un primer momento se crea una Asamblea Ciudadana para hacer un diagnóstico de las necesidades de la comunidad. Posteriormente, se hace una consulta en la que la ciudadanía vota por el mejor proyecto. Finalmente, se crea una Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas que reporta sobre los avances de los proyectos y del ejercicio de los recursos. Cabe resaltar que en la CDMX, éstos pueden relacionarse a obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito y actividades recreativas, deportivas o culturales.

El concepto de presupuesto participativo se creó en Porto Alegre, Brasil, a finales de los años ochenta, pues el partido que ganó las elecciones locales quería mostrar una nueva manera de gobernar. La idea era que la ciudadanía pudiera participar de forma más abierta con el gobierno, con el ánimo de tomar mejores decisiones. Dado el éxito del ejercicio, el presupuesto participativo se ha replicado en varios países de la región latinoamericana, pero también en Europa (particularmente en ciudades como París, Roma, Lisboa, Berlín, Sevilla, entre otras) y en naciones como Filipinas, Sudáfrica, Uganda, Indonesia, Kenya y Mozambique.

Resulta difícil hacer generalizaciones en torno a este esquema, pues los modelos de implementación y experiencias en el mundo son diversos. Sin duda, hay muchas historias de éxito que contar, en las que resaltan algunos elementos en común como reglas claras, una sociedad civil que se involucra y una autoridad local que genuinamente busca cooperar con la ciudadanía. Expertos en la materia como Wampler y Touchstone señalan, por ejemplo, que durante los diez años en los que se ha aplicado el presupuesto participativo en Brasil, este país ha registrado una reducción importante en las cifras de mortalidad infantil.

Por otro lado, alrededor de este ejercicio democrático también encontramos resultados menos exitosos y escepticismo sobre su aplicación. Hay quienes perciben que estos ejercicios en ocasiones son un montaje que busca beneficiar la imagen de una ciudad o un político en particular. De igual forma, en algunos casos se ha dejado ver que el presupuesto asignado es demasiado bajo como para producir algún cambio significativo. Adicionalmente, en ocasiones se financian proyectos que son obligación de los gobiernos locales (alumbrado público, cámaras de videovigilancia, entre otros).

Sin duda, el involucramiento de la ciudadanía es un componente medular de este modelo. No obstante, en México la apatía es alta y el nivel de participación ciudadana es bajo en comparación con otras naciones. Ello se entiende, pues las circunstancias han hecho que la sociedad no sólo desconfíe de las autoridades, políticos y policía, sino hasta de nuestros propios vecinos. Conforme a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, apenas el 22% de la población mayor de 18 años participó en actividades relacionadas con asuntos públicos, como firmar una petición para solicitar algún servicio, ser parte de alguna protesta, trabajar con otras personas para resolver un problema de la comunidad, entre otras. Además, sólo el 19% de la población mayor de edad conoce o ha escuchado hablar del presupuesto participativo.

Aun cuando el ejercicio de presupuesto participativo tiene sus áreas de oportunidad en México y el resto del mundo, la realidad es que los beneficios que reciben año con año los vecinos de las colonias involucradas superan las desventajas. Y justamente, al hablar de los beneficios, no sólo se deben considerar las cuestiones materiales, como la aplicación de asfalto en ciertas vialidades, la instalación de luminarias, la habilitación de un módulo de juegos infantiles o de un sistema de videovigilancia en una determinada colonia. Las ventajas van mucho más allá, pues el ejercicio también tiene el potencial de fortalecer a las comunidades y la convivencia, así como de reconstruir la confianza, el tejido social y la solidaridad entre la ciudadanía.

Liliana Alvarado

Directora General de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Columna invitada

Licenciada en Relaciones Internacionales (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración (London School of Economics). Colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde adquirió una amplia experiencia en política fiscal y se especializó en el análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. Asimismo, trabajó en Fundar en el Área de Presupuestos Públicos, en transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. En Ethos ha coordinado trabajos en materia de finanzas públicas, pobreza, seguridad pública y anticorrupción.

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