La PAM, justa y necesaria pero insostenible

En las últimas semanas, se ha debatido ampliamente sobre el aumento de los ingresos en los hogares más pobres de México, reflejado en la Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares del Inegi. Mientras algunos argumentamos que este aumento se debe principalmente a las políticas laborales, no se puede negar la importancia de la política social. No obstante, existe una preocupación creciente acerca de la viabilidad financiera de estos programas, especialmente con relación a la pensión destinada a los adultos mayores, cuyo costo es insostenible a largo plazo.

Los programas sociales de este gobierno —llamados Programas para el Bienestar— tuvieron un presupuesto para este año de casi 600,000 millones de pesos. De estos, 57% son para la Pensión Para el Bienestar de Adultos Mayores (PAM). De los 16 programas para el bienestar, es por mucho el que más presupuesto tiene —le siguen las Becas para el Bienestar “Benito Juárez” (BBJ) con 83,000 millones— y el que tiene mayor alcance. Según el INDESIG, si bien 34.2% de los hogares en México recibe algún programa social, 20.4% es beneficiario de la PAM. Le sigue la BBJ con 7.7% de los hogares, lo cual es un retroceso frente a Prospera, el programa más comparable que llegó a tener 17.6% de cobertura.

La PAM, más que un programa social, es una pensión universal de beneficio definido no contributiva. Es decir, garantiza un ingreso determinado, pero sin que los beneficiarios hayan hecho una contribución específica a un fondo para esas pensiones. El único requerimiento para recibir los 4,800 pesos al bimestre es registrarse, cumplir con los requisitos de edad y ser mexicano o mexicana.

Fue implementado por primera vez por AMLO como jefe de gobierno del entonces DF para personas mayores de 70 años. En ese mismo sexenio, Vicente Fox lo replicó a nivel federal para adultos mayores a partir de los 60 años, que vivían en zonas de alta o muy alta marginación y que padecían pobreza alimentaria. En 2007 Calderón creó el programa 70 y más, que Peña Nieto mantuvo. No es, sino hasta este gobierno que se llevó a nivel Constitucional y se pasó de un diseño focalizado a uno universal, lo que aumentó su costo y lo hizo más regresivo.

Contar con un programa de pensiones no contributivas es necesario y casi una obligación ética en nuestro país. Los vicios de nuestro sistema de protección social y empleo se traducen en un problema de pensiones. La mitad de la población que está fuera de la formalidad, o que entra y sale y al final de su vida laboral no tiene 1,250 semanas cotizadas, no cuenta con ningún ingreso ni afore ni pensión 97 para su retiro. Hay que decirlo, este es un buen programa de este gobierno que construyó sobre el trabajo hecho por administraciones anteriores, como debería ser la política pública.

Pero la PAM tiene un problema. Este año su costo fue de 340,000 millones de pesos y se espera que el próximo año sea de más de 500,000 millones, por el aumento de 25% al monto de las transferencias. Es 20% del gasto total en pensiones y asciende a más de 1.5% del PIB y se espera que sea casi 2% en 2024. El costo de esta pensión seguirá creciendo por el envejecimiento de la población. Llegó para quedarse, ya que por su nivel Constitucional y por lo que representa, no se va a poder reducir ni modificar. A mediano plazo esta pensión —junto con el resto de los gastos en pensiones— es insostenible sin una reforma fiscal. Gane quien gane el próximo año tendrá un problemón encima. Ojalá vayan pensando cómo le van a hacer.