Para el presidente de la República resulta irrelevante el número de casillas que se instalen para el proceso de revocación de mandato. Lo importante es “cumplir con el mandato constitucional”, aunque se pongan “10,000, 20,000 o 30,000 casillas”, dijo ayer en su conferencia matutina.

Desde luego, reducir el número de casillas ayudaría a bajar de forma significativa el costo de la consulta revocatoria. La integración de las mesas directivas de casilla constituye el rubro más oneroso del presupuesto de cualquier elección, el 53% según los datos del INE.

Cada elección, el INE debe contratar decenas de miles de capacitadores y supervisores electorales durante dos o tres meses. Son los necesarios para visitar al 13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (12.1 millones) y llevar a cabo la estrategia de capacitación electoral, en sus dos etapas previstas en la ley.

Menos casillas significa menos funcionarios de casilla, lo cual a su vez reduce el número de capacitadores y supervisores necesarios. Menos personal eventual baja los costos casi en la misma proporción. Así, el INE pudo organizar la consulta popular de agosto con las economías generadas durante los primeros seis meses de 2020, un año en que muchos gastos se suspendieron por la pandemia.

Sin embargo, si siguiera el consejo del presidente López Obrador con la consulta revocatoria, el INE estaría violando la ley. La Ley Federal de Consulta Revocatoria –aprobada apenas en septiembre pasado a instancias de Morena– obliga al INE a “habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal” (art. 41). De acuerdo con el Registro Federal del Electores, ese número asciende a 161,000.

En el proyecto de presupuesto presentado a la Cámara de Diputados, el INE calculó que la organización de la consulta revocatoria promovida por el presidente López Obrador y su partido tendría un costo de 3,830 millones de pesos. Sin embargo, Morena y sus aliados sólo le autorizaron un presupuesto de 830 millones de pesos, una quinta parte de lo solicitado.  

La insuficiencia presupuestal es de tal magnitud que impide al INE organizar la consulta revocatoria en los términos establecidos por la ley. No se puede cumplir con un mandato constitucional violando otros. Por ello, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, decidió acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la encargada de dirimir las controversias constitucionales.

En la Corte, sin embargo, el ministro instructor, Juan Luis González Alcántara, negó la medida cautelar solicitada (suspender la obligación de ajustar el presupuesto al recorte impuesto y garantizar la suficiencia de recursos). Al momento de presentarse, aún no concluía el periodo para recabar firmas de apoyo y la consulta revocatoria era todavía un “hecho futuro de realización incierta”.

El fallo del ministro instructor no dejó al INE otra opción que continuar con la verificación de firmas de apoyo y a partir de su conclusión, suspender las siguientes etapas del proceso de revocación de mandato. La medida, aprobada en votación dividida, generó una gran sacudida en la 4T. El presidente López Obrador acusó a los consejeros electorales de desacatar un mandato constitucional y de incumplir con su obligación de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. Morena anunció su impugnación ante el Tribunal Electoral.

Pero el INE no puede garantizar derechos al margen de la ley. Por otro lado, negar los recursos necesarios para asegurar su ejercicio es una forma de restringirlos. Tanto la Corte como el Tribunal Electoral deben tomar en cuenta que, sin sustento técnico y jurídico, la austeridad se vuelve sinónimo de arbitrariedad. 

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

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El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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