Cuando una familia decide ir a vivir a un condominio, sea éste horizontal o vertical, normalmente le son entregadas las reglas que norman la convivencia cordial entre los residentes en la propiedad y las que aplican entre los propietarios de las unidades individuales y quienes se encargan de administrar la propiedad. Normalmente, a los residentes se les pide una cuota por mantenimiento, que incluye limpieza, alumbrado, áreas verdes, vigilancia y reparación de algunos desperfectos en zonas comunes. La administración entrega un informe periódico del orden de las cosas y de no haber cambios importantes en la estructura de costos, o reparaciones debidas a daños causados por un desastre mayor, las cuotas por mantenimiento permanecen inalteradas. Algo muy parecido ocurre con la convivencia dentro de la extensión territorial denominada Estados Unidos Mexicanos, en donde nosotros en teoría elegimos un régimen de gobierno, que en nuestro caso no sólo administra y provee ciertos servicios básicos, sino que poco a poco le hemos ido encargando realizar otro tipo de acciones y prestar otro tipo de servicios, como administrar el sistema de justicia, la defensa nacional, el servicio de salud pública, educación y administrar cierto tipo de programas, denominados de desarrollo social.

En el caso de las familias que conviven en condominio, tienen la opción de pagar sus cuotas establecidas, o de lo contrario mudarse a vivir a otro lado en donde tales pagos no apliquen. No puede andar solicitando a la administración algún tipo de condonación de cuotas, o subsidios por alguna causa, por ejemplo, por tener una familia numerosa, con hijos que asisten a la escuela, cuyas colegiaturas son relativamente elevadas. Tampoco pueden solicitar este tratamiento especial porque tienen en mente abrir un negocio, o ampliar uno actual y requieren ahorrar para invertir; es más, ni siquiera pueden solicitar deducir los intereses pagados en caso de haber contraído un crédito para sus planes de negocios. Aquí simplemente se trata de pagar, un gasto que realizan las familias para mantener a la administración, que subcontrata los servicios que ofrece, que tampoco invierte, ni ahorra. Si acaso, quienes prestan los servicios y que son contratados por la administración pueden ahorrar, en caso de que sus ingresos sean superiores a sus gastos.

Ahora que en el país han surgido las voces de ultratumba que especulan que la baja del precio del petróleo podría ser un buen pretexto para cambiar el régimen fiscal, ya salieron algunos grupos de empresarios a pedir que lo ideal para el país sería un régimen fiscal que promueva el ahorro, la inversión, el crecimiento, el empleo y los salarios, ignorando que ese tipo de esquema no existe. Como nunca faltan los aguerridos defensores de causas electorales, que al país le cuestan recursos, en varias ocasiones se han ensayado esquemas para favorecer lo que piden los empresarios, con el resultado de que sus efectos han sido nulos y terminan generando un esquema fiscal inequitativo, injusto e ineficiente, que posteriormente cuesta sangre cambiarlo para corregir sus fallas.

Para todos debería ser obvio que el gobierno tiene recursos suficientes para hacer frente a los gastos que generan muchos de sus programas, aunque no para todos, así como debería ser obvio que lo que requerimos es ordenar al gobierno que elimine muchos de los programas que no sirven para nada. No se trata de darle tratamiento preferencial a nadie, por ningún motivo, y debemos orientar al sistema a cumplir el objetivo establecido en la Constitución de que todos paguen en la medida de su capacidad.

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