El Poder Judicial de la Federación ya resolvió el conflicto competencial entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el cual ambos reguladores podrán investigar algunos mercados de la economía digital. 

En este mismo espacio advertimos que el IFT estaba haciendo el ridículo al involucrarse en mercados digitales que no le corresponde ni investigar ni regular. 

Y es que la Autoridad Investigadora del IFT inició una indagación para determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles, cómputo en la nube y otros.

Aunque el IFT no mencionó la empresa, la descripción de servicios apunta a que se trata de Google. Pero la Autoridad Investigadora del IFT tuvo que suspender el procedimiento iniciado en octubre de 2020 porque la Cofece reclamó para sí la investigación de esos mercados digitales. El IFT remitió el expediente a un tribunal especializado para que resolviera el conflicto competencial. 

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones reconoció que la Cofece es competente para investigar los mercados digitales de servicios de búsqueda en línea, redes sociales y servicios de cómputo en la nube. Al IFT le corresponde el mercado de sistemas operativos móviles. 

Para comprender la diferencia competencial entre ambos reguladores en los mercados digitales hay que entender el uso de Internet. 

Para la Cofece en el intercambio de productos y servicios entre plataformas y consumidores se utiliza la infraestructura de telecomunicaciones y los productos de las industrias de las Tecnologías de la Información (software y hardware) sólo como insumos que permiten dicho intercambio. 

Conforme se digitalizan, en la economía digital cada vez más empresas utilizan Internet -o electricidad o agua- como insumo, no como servicio. Para buscar información y contenidos, para acceder y relacionarse en redes sociales, para almacenar datos en la nube o para solicitar un transporte privado y gestionar la logística a través de una plataforma tecnológica, se requiere Internet. Pero ni Google o Uber operan redes de telecomunicaciones ni ofrecen el servicio de banda ancha para que los usuarios accedan a sus aplicativos y servicios.

En materia de competencia económica, el artículo 28 de la reforma constitucional de 2013 le otorgó en exclusiva al IFT la investigación de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. El Congreso le retiró esta competencia a la Cofece para dársela al IFT por su especialidad. Todos los demás mercados -incluidos los digitales- le corresponden a la Cofece.

¿Por qué el IFT podrá indagar la competencia en los sistemas operativos móviles? Porque es un software sin el cual no funcionan los smartphones, los cuales para utilizar sus funcionalidades se conectan a redes públicas de telecomunicaciones concesionadas a varios operadores para recibir servicios de voz y datos a través del uso y explotación del espectro radioeléctrico, regulado por el IFT.

Los teléfonos y sus sistemas operativos móviles forman parte de una red de telecomunicaciones más amplia de competidores, servicios y usuarios regulados y tutelados por el IFT. Los teléfonos móviles requieren una conexión a la red y el sistema operativo móvil está orientado a esa conectividad inalámbrica.

El fondo del conflicto competencial entre el IFT y la Cofece es de poder y protagonismo en la creciente y cada vez más relevante economía digital. 

La Cofece perdió poder y protagonismo porque el Congreso le quitó la competencia para investigar los influyentes y siempre litigiosos sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. El IFT adquirió relevancia por esa misma razón, porque se convirtió en la autoridad exclusiva en materia de competencia económica en dichos sectores, los cuales participan con 2.8% del PIB nacional, generan ingresos anuales por más de 488 mil millones de pesos y sus dueños son prominentes hombres de negocio, a los cuales regular es políticamente rentable. 

Pero ahora se habla cada vez más de las empresas y plataformas de Internet y tecnológicas. Los gobiernos y las autoridades de competencia, telecomunicaciones y protección al consumidor están ansiosos por regularlas, sancionarlas y aparecer en los medios como héroes y/o villanos digitales. 

Casos como la compra de Cornershop por Uber y la nueva sentencia competencial del tribunal especializado son una oportunidad de oro para que la Cofece recupere su protagonismo perdido. Los reflectores regulatorios, mediáticos y políticos se dirigirán hacia la Cofece y cómo investiga la competencia en los mercados digitales, las prácticas monopólicas, las concentraciones entre las empresas de Internet y las posibles sanciones o medidas a imponer. 

¿El IFT pierde luces, poder, protagonismo e influencia al no investigar y regular los mercados digitales? Sí, pero no por las sentencias del Poder Judicial que resuelven a favor de la Cofece.

El IFT pierde relevancia por los conflictos internos, por las pequeñas-grandes ambiciones de sus comisionados. Porque a falta de una política pública de inclusión digital universal el regulador no asume el liderazgo. Porque el país sigue rezagado en conectividad y carece de un discurso social de digitalización. Porque no defiende los derechos de las audiencias. Porque se acuerda de su autonomía cuando intervienen en su presupuesto. Porque México ya fue superado por Chile y próximamente por Brasil en visión 5G. Porque las inversiones de América Móvil -su preponderante- se están dirigiendo al gigante suramericano. Porque se habla de cómo las plataformas ayudan a la recuperación económica post pandemia, pero no de las redes y la conectividad.  

El IFT fantasea con investigar y regular las plataformas de Internet, pero eso no será posible. Las redes y servicios de telecomunicaciones son tan esenciales que son el insumo de las empresas de Internet que tanto están de moda. El IFT debe tener la misión y visión social de garantizar el derecho de acceso a las TIC, los servicios de telecomunicaciones, la banda ancha e Internet para todos los mexicanos. Que sea la Cofece la que vigile y proteja la competencia sobre esas redes e Internet.

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

En comunicación

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM. Estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la comunicación política y el periodismo. Es autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox.

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