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¡Fuera corrupción! Hagamos un pacto de integridad
Hacia una cultura de integridad se requiere recuperar la conciencia personal, tantas veces adormecida o deformada, y cooperar para atajar los abusos del poder.
El problema de la corrupción en nuestro país es que quita el valor a las personas y se lo da a las cosas, valora a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Ello nos lleva a poner precio a todo el mundo: la persona depende de sus millones, de su poder político o de que se sienta amenazada.
El pacto de integridad implementado por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del IPADE es un esfuerzo por tratar de lograr que cada vez más empresarios se sumen de manera individual a los valores que hacen posible la cultura de integridad.
La corrupción es el mal endémico, un problema añejo al poder: siempre que alguien tiene poder, corre el peligro de abusar de él. Hay que ser muy claros, no se trata de un problema exclusivo del sector público, también de los sectores económico y social. Se da en todos los niveles: familiar, laboral, en nuestras organizaciones y oficinas, en las asociaciones empresariales, económicas, políticas, sociales, académicas, etcétera.
Se ha criticado al Congreso de la Unión porque ha faltado la voluntad para abordar las reformas en la miscelánea penal y en el Código de Procedimientos Penales. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que combatir la corrupción, pero hay resistencia por parte de las élites económicas y políticas de nuestro país para crear los instrumentos legales que garanticen que los actos de corrupción no queden impunes.
Por ello, buscamos impulsar el pacto de integridad y las reformas necesarias, pero para que realmente se haga justicia, no hay que jugarlo todo a las reformas penales, sino a la aplicación de la ley de forma igualitaria, sin discriminaciones.
Las reformas del nuevo Sistema de Justicia Penal cambian las relaciones entre gobernados y gobernantes y pasa de un Estado criminalizador a uno garantista, que establece que no se culpabilice a nadie hasta que se demuestre si realmente es culpable. Devuelve la dignidad a todas las personas: víctimas, jueces, ministerios públicos, policías y, por supuesto, respeta también los derechos humanos de los delincuentes.
En este nuevo sistema también son muy importantes los medios alternativos de resolución de conflictos. De las causas penales, 60% se puede resolver por este medio, que consiste en que las partes lleguen a un acuerdo; así se logran dos cosas significativas: la restitución y el entendimiento de las partes, con lo que se logra la pacificación.
Pienso que el nuevo Sistema de Justicia Penal ha sido un movimiento profundamente social en México. La sociedad civil organizada hizo posible que se implementara y el gobierno ha debido escucharla para que efectivamente se concretara. Los movimientos sociales están echando a los políticos corruptos de los gobiernos, ya ocurrió en Guatemala, El Salvador, Perú; no se diga ahora en Brasil.
Todos somos necesarios, tenemos que contar con todos y darnos cuenta de que somos parte de un gran proceso que en la historia va haciendo que se den el bien, la verdad y la justicia. En ese sentido, soy muy optimista y creo que la historia está de nuestra parte.
*Profesor decano del área académica de Entorno Político y Social.
