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Freno al mercado ilícito de combustibles, por decreto
La noticia es que el gobierno mexicano emitió ayer un decreto para detener las importaciones de combustibles y casi todos los petroquímicos por parte de las empresas privadas.
Detecta el gobierno mexicano que el mercado ilegal de combustibles durante 2021 ascendió a 47 millones de barriles, y que la pérdida para el fisco federal por el mercado ilegal de combustibles fue de 64 mil millones de pesos derivado del producto de importación que se ingresa al país como contrabando, sin pagar los impuestos correspondientes.
El decreto gubernamental señala que, con cálculos actualizados basados en la demanda y el crecimiento de la economía y del parque vehicular, se estima que de resolverse la problemática del mercado ilícito de combustibles y del contrabando de gasolina y diésel, se tendría un incremento en la recaudación fiscal de más de 91 mil 400 millones de pesos anuales por el correcto pago del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Se trata de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se establecen medidas para el combate al mercado ilícito de combustibles, relacionadas con la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de Energía.
El diagnóstico sobre el que se basa el decreto advierte de prácticas ilícitas de importación por actores privados del sector energético, respaldado por empresas especializadas en servicios de análisis químicos de productos petrolíferos, quienes han publicado información que asegura que hasta un 80% de los combustibles analizados fueron adulterados.
Sostiene el decreto que el gobierno federal realizó revisiones extraordinarias en algunos puntos de internación al país, que demostraron que sólo el 25% de las mercancías analizadas correspondían a gasolina y diésel, que cumplían con la normativa vigente, mientras que el 75% eran otras mercancías cuyo volumen de importación registrado no tiene justificación, pues excede aproximadamente en 40 veces el volumen que usa la industria nacional como materia prima.
El decreto subraya que el Estado mexicano ha identificado que en el desarrollo de las prácticas ilícitas, se importan diversas mercancías para alterar o adulterar petrolíferos, tales como la gasolina y el diésel, en contravención de la normativa aplicable.
Y que una vez que se importa una mercancía de menor costo en relación con un petrolífero terminado (gasolina o diésel que sí cumplen con la normativa) se procede a su mezclado en instalaciones de trasvase, intermodales, de almacenamiento, de distribución, de expendio al público y de autoconsumo, así como en otras instalaciones o medios de transporte, con lo cual alteran o adulteran la composición de los petrolíferos e hidrocarburos respecto de su especificación autorizada.
Todo, para obtener con su venta, comercialización, distribución, expendio al público y consumo final, mayores ganancias o beneficios económicos, en detrimento de quienes llevan a cabo actividades lícitas, de los consumidores y de la Hacienda Pública.
Refiere que los esfuerzos y acciones implementadas por el gobierno federal para combatir los delitos en materia de hidrocarburos han dado buenos resultados.
Sin embargo, han surgido nuevas variantes en la comisión de las conductas delictivas relacionadas con: a) la introducción al país de mercancías que se declaran con una fracción arancelaria que no corresponde a la mercancía que realmente se ingresa, y b) el ingreso de mercancías sin contar con los permisos expedidos por autoridad competente, donde omiten el debido pago de contribuciones, en perjuicio del Fisco Federal y del interés público y social, por lo que es necesario combatir estas nuevas conductas para su erradicación;
Que las prácticas ilícitas o irregulares que se han descrito en el decreto propician la comisión de otros delitos mediante las distintas etapas de la cadena de valor tales como la comercialización o el transporte de petrolíferos que no contienen las especificaciones que marca la normativa vigente, falsificación de facturas, de pedimentos, de cartas porte, de certificados de origen, de certificados de calidad, robo de combustibles, evasión fiscal y demás delitos en materia de hidrocarburos.
Por el contexto que refiere el gobierno mexicano, se trata de un problema muy serio.
Las preguntas son: ¿a partir de este decreto Pemex será el único importador de combustibles? ¿Se abre la puerta a la discrecionalidad de las autoridades regulatorias que decidirán quién si y quién no podrá importar? Veremos.
