El conflicto entre los gobiernos de México y Bolivia es ideológico antes que diplomático.

El presidente López Obrador y el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard han sobreactuado para crear una acepción a la palabra asilo: “Abrir la puerta a un personaje que habiendo cometido fraude electoral detona una crisis política en su país y lo abandona, esperando el peor escenario para que una parte de la población reclame su regreso”.

El 24 de octubre, el presidente López Obrador reconoció la victoria electoral de Evo Morales, a pesar de la caída del sistema la noche de las elecciones del 20 de octubre y del anuncio de fraude realizado por la oposición el 21 de octubre. Cuba y Nicaragua, sin tradición democrática, también levantaron el brazo a Morales.

El gobierno mexicano quedó atrapado en el laberinto diplomático el 30 de octubre cuando Diego Pary, ministro de Exteriores de Morales, reveló un acuerdo con la OEA para que el organismo llevara a cabo una autopsia electoral. Desde ese día, ni el gobierno de Morales se consideraba como ganador legítimo, pero México sí lo hizo.

Seis días antes, el secretario para América Latina Maximiliano Reyes escribió en su cuenta de Twitter: “El gobierno de México felicita al presidente Evo Morales por su victoria; le deseamos el mayor de los éxitos en su próxima gestión”.

La manipulación del lenguaje produce escenarios en los que quedan atrapados sus creadores. Apelar a la guerra civil española o a la dictadura de Pinochet sobredimensiona la acogida revestida de asilo que México le otorgó al genial impostor llamado Evo Morles. La mayoría de los bolivianos que acudió al referéndum del 2016 decidió que Morales no se debía de presentar a las elecciones pasadas, y sin embargo, Morales lo hizo. La Central Obrera Boliviana, principal sindicato y aliado de Morales por muchos años, le pidió su renuncia por haber cometido fraude electoral, y sin embargo, ningún funcionario mexicano lo menciona.

El gobierno del presidente López Obrador sólo menciona la postura del ejército de Bolivia, pero no habla de la petición que el papa Francisco le hizo a Morales pocas horas antes de que renunciara a la presidencia: atender los resultados de la auditoría de la OEA.

La expulsión de la embajadora mexicana en Bolivia María Teresa Mercado fue detonada por la presencia de policías españoles armados y encapuchados en las inmediaciones de la legación mexicana en La Paz el pasado viernes.

Frente al vacío de información de parte del gobierno mexicano, se encuentran algunas versiones. Una de ellas, del periódico español El Mundo. Los policías recogerían a Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, encargada de negocios y cónsul del gobierno de España, respectivamente, una hora después de que los funcionarios ingresaran a la embajada mexicana.

La versión de la presidente transitoria Jeanine Áñez apunta a que los españoles ingresarían para ayudar a escapar a Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, exfuncionarios de Morales.

México ha optado por el silencio y por insistir en utilizar la palabra asilo en un entorno marrullero de Morales.

Mal asesorado, el presidente López Obrador decidió llevar a la Corte Penal Internacional a Bolivia por “asediar” la embajada. Lo ocurrido el viernes justifica la decisión del gobierno de Áñez de vigilar la legación mexicana. México perderá el caso.

La diplomacia mexicana ha quedado entrampada por haber recibido a Morales como héroe de guerra.

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Fausto Pretelin Muñoz de Cote

Consultor, académico, editor

Globali... ¿qué?

Fue profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referéndum Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life&Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es editor y columnista en El Economista.