El etanol mezclado con gasolinas representa un enorme riesgo para la calidad del aire en las ciudades mexicanas. Esto, independientemente de los graves impactos ecológicos que implica su producción, como ampliación de la frontera agrícola, sustitución de cultivos de alimentos, deforestación para el cultivo de maíz o de caña de azúcar y contaminación de suelos y agua con plaguicidas y fertilizantes. A lo que hay que añadir agotamiento de recursos hídricos por riego masivo y mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Tales impactos han sido ampliamente documentados tanto para Estados Unidos como para Brasil, que históricamente han cedido a las presiones del poderoso lobby agroindustrial del etanol.

En México, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha fungido como su ujier y promotor, por razones que desconocemos, aunque podrían intuirse. No sólo ha modificado en forma arbitraria y unilateral la normatividad de calidad de combustibles (NOM 016) para favorecer al etanol a costa de la calidad del aire y salud de los habitantes de las ciudades mexicanas, sino que ha litigado con todo su peso político en tribunales en contra de amparos interpuestos por representantes de la sociedad civil para evitar el uso indiscriminado de etanol en México, procesos legales que seguramente llegarán a la Suprema Corte de Justicia. Todo ello, en el contexto de la liberalización del mercado de combustibles y con la expresa y confesa finalidad de beneficiar a los importadores de gasolinas norteamericanas, algo francamente perturbador.

Más aún, la CRE ha comisionado estudios pagados de consultoría a instituciones de otra forma respetables, como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que han resultado coartadas justificativas de sus acciones en pro del etanol. En efecto, en enero de este año el IMP entregó a la CRE un “estudio” en el que minimiza los impactos sobre la calidad del aire del consumo de etanol, a partir de pruebas con gasolinas diseñadas tramposamente ex profeso (que no serían obviamente las que se utilizarían en México de acuerdo con la normatividad vigente) y con un grupo de vehículos de modelo reciente. Las gasolinas de prueba eran menos reactivas, con menores contenidos de olefinas y aromáticos y con una presión de vapor (volatilidad) mucho menor, que desde luego no se utilizarían nunca en nuestro país. Por su lado, los vehículos de prueba no fueron representativos del parque vehicular de las ciudades mexicanas, donde predominan edades mayores y por tanto tecnologías menos eficaces de control de emisiones. Por esas y otras razones, las conclusiones por encargo del IMP no son aplicables a las ciudades mexicanas. Recordemos que el etanol tiene una mayor presión de vapor que la gasolina (se evapora con mayor facilidad), lo que arrastra hacia la atmósfera una gran cantidad de hidrocarburos reactivos que contribuyen a la formación de ozono. Por razones desconocidas, la CRE decidió publicar el “estudio” 10 meses después de su entrega, de manera contraria a las prácticas de transparencia y acceso a la información.

La CRE ha hecho más visceral su promoción de los intereses del lobby agroindustrial del etanol incluso desconociendo los estudios y opinión del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). El INECC ha advertido del riesgo que significa el etanol de empeorar significativamente la calidad del aire en las ciudades mexicanas. De hecho, el INECC se opone al uso de etanol en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y en la CDMX, así como en más de 15 ciudades que observan problemas de contaminación por ozono, entre ellas, varias ciudades fronterizas. Esto, reforzando lo establecido en la propia normatividad (NOM 016). No obstante, la CRE intenta incluso abrir estas zonas metropolitanas al etanol. La próxima jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, debe estar atenta e impedirlo, rechazando esa manzana “verde” envenenada.

GabrielQuadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.