Desde hace varios meses, la atención en México se ha centrado en Trump. Su odio patológico hacia nuestro país y sus amenazas de construir un muro fronterizo, su política de deportación de inmigrantes indocumentados, así como su objetivo de renegociar y en el extremos abandonar el TLCAN, han desviado la atención sobre uno de los más graves fenómenos que nos afectan: la corrupción. Durante los últimos días la Auditoría Superior de la Federación ha reportado varias irregularidades (por ponerlo de manera suave) en el ejercicio del gasto público, tanto al nivel federal como en diversas entidades del país. Gastos no justificados, desvío de recursos, sobrecostos en las obras públicas, licitaciones amañadas, favoritismo y conflicto de intereses, etcétera son una muestra del cáncer que está metido hasta la médula en el arreglo institucional nacional. Año tras año se dan a conocer este tipo de actos (inclusive se presentan denuncias penales ante la PGR) y la constante es la impunidad con la cual estos se cometen.

En el gobierno siguen sin entender que la impunidad ante la alta y creciente corrupción en los tres niveles y órdenes de gobierno es uno de los principales factores que explican el enojo social. Las reformas constitucionales que dieron creación al Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes secundarias en la materia fueron aprobadas no porque el presidente de la República estuviera convencido de ello, sino que fueron el resultado de la presión social, cansada y hasta alarmada por la inacción gubernamental (y con sospechas de complicidad en algunos casos) ante este cáncer.

El discurso oficial pinta a un país que parecería estar boyante cuando la realidad es otra. Una economía que crece muy poco, contribuyentes cautivos que pagan más impuestos y que están enojados porque a cambio reciben muy poco o nada a cambio, inseguridad que no disminuye, servicios públicos de pésima calidad, el incremento en el precio de los combustibles, etcétera, son los elementos que están detrás del enojo que predomina en la sociedad.

Falta poco más de un año para las elecciones federales (presidenciales y renovación del Congreso de la Unión) y el gobierno está paralizado, con un discurso que no convence a prácticamente nadie. Cierto que el entorno internacional no es el mejor, cierto que los frutos de las diferentes reformas estructurales se verán a mediano y largo plazo, cierto que las amenazas de Trump generarían altos costos para México, pero también es cierto que de seguir prevaleciendo la enorme corrupción e impunidad, el enojo social no solo disminuirá sino será cada vez mayor.

Al gobierno le queda muy poco tiempo para dar una clara señal a la sociedad de que el combate a la corrupción va en serio. Sin embargo, y a pesar de la urgencia, simplemente no se avanza. En el Senado de la República esta atorado el nombramiento del fiscal anticorrupción, no se ha constituido el Tribunal de Justicia Administrativa, a pesar de las denuncias penales de la ASF la PGR no actúa, exgobernadores fugados y más, dan la señal de que al gobierno esto no parece importarle.

Uno podría pensar de que al presidente le gustaría ser recordado y reconocido por haber impulsado las reformas estructurales que a la larga detonarían el crecimiento. Sin embargo, de no actuar con contundencia frente a la corrupción, no sólo sería recordado por esto, sino peor aún, dejaría sentadas las bases para que muchas de las reformas se revirtieran o simplemente muriesen por inacción.

El futuro de la Nación está en juego y la carta ganadora o perdedora es lo que se haga o no frente a la corrupción. Así de simple, así de grave. ¿Lo entiende?

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