Energía, diálogo de sordos

Es un diálogo de sordos el que se observa entre el gobierno y la iniciativa privada en torno al sector energético.

El gobierno mexicano cambió su política de materia de energía eléctrica renovable y  está decidido a defenderla a capa y espada.

La iniciativa privada nacional e internacional ha advertido las graves consecuencias del cambio de reglas, para las empresas nacionales e internacionales que participan en el mercado, como generadores o compradores,

Y advierte de las consecuencias en daño para el medio ambiente, el precio final a consumidores y, sobre todo el golpe a la confianza de los inversionistas.

El sector privado viene ganando en tribunales con la obtención de amparos con suspensión definitiva respecto del acuerdo administrativo del Centro Nacional de Control Eléctrico (Cenace) que ordenó la suspensión de las pruebas pre operativas de todos los proyectos pendientes, hasta nuevo aviso.

Pero lo que más les preocupa es la política de confiabilidad que emitió la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nahle, porque desde su punto de vista representa una barrera de entrada que desfavorece a los privados y favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La inconformidad se ha manfiestado prácticamente desde todas las organizaciones empresariales nacionales: el Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Salazar, la Coparmex, de Gustavo de Hoyos y la Concamin, de Francisco Cervantes, además de las organizaciones especializadas: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE),  Asociación Mexicana de Energía Solar (Amsol) y organizaciones internacionales como la México ICC y la Eurocam, además de representantes diplomáticos y 18 gobernadores estatales.

El diferendo ha llevado al extremo de autodescalificarse.

El presidente de Concamin calificó de mentiroso al director general de la CFE, Manuel Bartlett, y el funcionario le devolvió el calificativo al representante industrial.

El común denominador de las posiciones de la iniciativa privada sostiene que se trata de un embate en contra de las empresas generadoras de energías limpias con el objetivo de fortalecer el monopolio de la CFE.

Bartlett lo desmiente y asegura que se trata de una política de confiabilidad que no es otra cosa más que la búsqueda del equilibrio entre la oferta y la demanda y la garantía del suministro eléctrico para todos los mexicanos.

Los empresarios acusan la violación de la Constitución, del merco legal vigente y de los acuerdos internacionales de respeto recíproco a las inversiones.

El funcionario mexicano asegura que se trata del derecho constitucional del Estado mexicano de proteger el sistema eléctrico nacional.

La caída de la demanda está afectando a todo el mundo y México no es la excepción.

En esa coyuntura es que el acuerdo del Cenace les dice a las empresas que temporalmente no pueden participar, pero no implica la cancelación de ningún proyecto.

Para la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios, el acuerdo de Cenace sí implica una barrera de competencia.

Los jueces especializados en competencia, están concediendo amparos definitivos precisamente por el tema de la competencia.

Para el Cenace, no es tema de competencia, sino de orden administrativo y los amparos no deben proceder.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defiende a la CFE y acusa el presunto abuso de las empresas privadas.

Es un diálogo de sordos, que parece insuperable, y terminará afectado a México y al gobierno mexicano porque, aunque ganara los juicios, perdería. Perdería porque tendría que pagar las indemnizaciones respectivas.

Atisbos

Frente a la colisión entre la iniciativa privada y el gobierno en materia energética, nace la Cámara Nacional de la Industria Energética (Procnie) encabezada por Sergio Ampudia para atemperar el diálogo entre las partes y evitar que México se hunda en un letargo energético.