Resulta hasta cierto punto inverosímil que, pasados ya muchos años, todavía haya quienes quieran revivir el fuego de los enconos que las privatizaciones, algunas, levantaron. Y como casi todo, esto es relativo porque quienes deben tener el recuerdo vivo y las heridas abiertas son los intereses afectados, ya que en el más puro sentido económico, afectar intereses puede medirse en pesos y centavos, o si lo prefiere, en billones de pesos.

Han salido a hacer declaraciones, incluso, algunos de los personajes que ocuparon el cargo de presidentes de la entonces Comisión Federal Reguladora, hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quienes por cierto, los intereses afectados y otros intereses les pasaron por encima, los opacaron, se los comieron y luego los depositaron en algún lugar inocuo, hasta que una mano amiga los viniera a rescatar.

No es la intención de esta columna venir a revivir el pleito ni dar armas ni argumentos a nadie; sólo se trata de explicar a nuestros amables lectores qué papel juegan los agentes reguladores, especialmente cuando se corre el riesgo de que algún mercado se vea dominado por alguno de los agentes que en él participa.

En principio, la apertura de la economía se trataba de traer más competencia a la economía mexicana, a efecto de que un mayor número de agentes participara, se fomentara la competencia y con ello la innovación tecnológica, la inversión, la baja en los precios al consumidor, y mayor empleo y bienestar.

No resultó así y la opinión de esta columna es que la explicación hay que buscarla precisamente en el papel jugado por los agentes reguladores. Se trata fundamentalmente de la Comisión Federal de Competencia y la de Telecomunicaciones y, en una menor medida, la Procuraduría Federal del Consumidor. Si bien estas instancias estaban listas cuando se dio la apertura y se preparó el marco reglamentario, hay que buscar la respuesta precisamente en las leyes que les dieron origen a estas instancias. Para no variar la costumbre, en nuestro sufrido país todo lo hacemos a la mexicana y a la viva México; todo mundo quiere meter su cuchara y darle forma a alguna de las cláusulas o artículos y terminamos peor que el perro de las dos tortas, o como dicen en el cono sur, con algo que no es ni chicha ni limonada.

Las leyes deben buscar en principio, si no es que exclusivamente, proteger al consumidor, aunque si revisamos la legislación de entonces tenía cosas tan absurdas como fomentar el desarrollo del sector, el empleo y la inversión, tal y como todavía ahora leemos cuando se plantea una reforma fiscal, cuyo objetivo es recaudar y nada más, que muchos quieren que incluya aspectos para promover la investigación científica y el empleo, terminando, de nuevo, con algo que ni recauda, ni fomenta nada y sólo distorsiona. En el caso de la competencia, la ley no daba elementos para que la comisión actuara e impusiera multas y castigos ejemplares, que sirvieran de incentivo para no repetir ciertas conductas. Luego estaban los jueces y juzgados que se declaraban, y eran, incompetentes para llevar un juicio, lo que retrasaba las resoluciones, saliendo al final con algo ridículo.

Todavía hay otro elemento que poco se ha analizado y es el papel que jugaron la indefinición de esquemas de concesión o permisos de operación, por los cuales o se cobraba algo ridículo o de plano se pedía tanto que nadie quería participar. La cuestión es que seguimos esperando a que los errores se corrijan. Hay más tiempo que vida, no corre prisa.

¡Feliz Navidad a todos nuestros lectores!

mrodarte@eleconomista.com.mx