Se ha vuelto ya una costumbre, desafortunadamente, que la sociedad se manifieste y proteste en las calles ante la inactividad, la impericia o simplemente ante la falta de compromiso de las autoridades ante diversos actos delictivos. Junto con estas ganas de manifestarse, han aparecido grupos, denominados hoy en día como los anarquistas , quienes en apariencia simplemente acuden para destruir todo lo que a su paso encuentran. No sólo se trata de agredir y destruir propiedad privada y negocios, sino de atacar la infraestructura urbana, misma que de inmediato es reparada y repuesta por las autoridades capitalinas. Ante la pregunta de quién paga por los destrozos, la respuesta es siempre la misma: en el caso de la propiedad pública es la sociedad y en el caso de la propiedad privada son los seguros, si se cuenta con alguno, o simplemente son los propietarios quienes deben hacer frente a los daños.

Se dice que estos grupos son manipulados y pagados por alguien, cuyo interés es simplemente desestabilizar y enardecer más a la sociedad; los legisladores locales, contra toda lógica, salieron a protegerlos y ahora con el argumento ya muy gastado de los derechos humanos, se está defendiendo la causa como algo relacionado con los derechos de la sociedad para manifestar sus ideas y protestar cuando no está de acuerdo con algo. Sin duda, estamos ante otra situación en la que alguien hace suyo el derecho de proteger a ciertos grupos y ciertas causas, en contra de los derechos de muchos más, olvidando el viejo principio de que todo mundo tiene derecho a hacer lo que le venga en gana, siempre y cuando no viole los derechos de terceros.

Ahora son los parquímetros que se están instalando en diversos rumbos de la ciudad los que están siendo objeto de agresiones, sin que nadie responda por esos daños. El argumento, hasta cierto punto inexplicable, es que la calle no está en venta y que el cobro significa un buen negocio para algún grupo privado. Tal es el caso también de las grúas que retiran coches a discreción, o las cámaras que captan a los automovilistas que van a exceso de velocidad en algunas vías, o los centros de verificación. A la sociedad se le dice que es para defender a las mayorías, aunque al ser negocios concesionados, también se le está haciendo un favor a algún empresario o grupo que se beneficia.

Sin duda retirar autos estacionados en lugares prohibidos y cobrar por estacionarse en otros es una forma de promover un mayor orden en la ciudad, aunque posiblemente estas acciones deberían empezar por regular mejor el uso del suelo y asegurarse que los nuevos funcionarios que llegan a ciertos puestos no cambien estas reglas a su antojo. En muchas colonias, antiguamente denominadas residenciales, han llegado muchos negocios que no cuentan con lugares suficientes para que se estacionen sus empleados ni sus clientes, quienes simplemente llegan a las calles y se estacionan en donde les viene en gana. Primero fueron los franeleros quienes hacían negocio administrando los lugares de estacionamiento y hoy son las empresas a las que se les ha concesionado el servicio de grúas y de parquímetros, lo que significa que estamos hablando de muy buenos negocios, de los cuales hasta la autoridad se lleva una tajada. Lo bueno sería que ahora esa autoridad empezara a mejorar la cantidad y calidad de los servicios, empezando por la seguridad.

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