La intención no declarada de la reforma parece ser la de fortalecer la centralización del poder haciendo desaparecer los entes autónomos...

Con la embestida que el presidente López Obrador ha desatado en contra de las entidades autónomas del Estado, ha estallado un verdadero escándalo de opinión pública. Incluso el senador Alejandro Armenta, de Morena, admitió que se trata de “un tema que, sin duda, causará conmoción y un gran debate”.

En buena medida, el escándalo se ha producido en razón de que el autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación no explica suficientemente las razones que lo llevan a emprender esa embestida, no atiende las críticas de los expertos a la reforma de marras, no convence ni logra justificar su propuesta y además se contradice. Y en lo especifico, se contradice el presidente López Obrador en sus argumentaciones sobre el tema.

Esto último de las contradicciones en que incurre el presidente es uno de los aspectos más candentes del debate. El alegato principal es de tipo presupuestal. Al respecto, López Obrador argumenta primeramente que esos entes “cuestan mucho dinero que puede ser utilizado para beneficiar al pueblo”. Y la contradicción aparece cuando el presidente agrega que “la reforma que propone no implica despedir a ningún trabajador sino reorganizar la administración”. Es decir, si no habrá despidos ni se modificarán las tareas, ocurre preguntarse: ¿para qué entonces emprender tan debatible reforma? Y la conclusión a que se llega a continuación es altamente preocupante: la intención verdadera es fortalecer la centralización del poder haciendo desaparecer entidades dotadas de autonomía institucional y operativa.

En otra contradicción muy visible incurrió el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlet, al salir el pasado lunes de una junta de gabinete legal y ampliado en la cual se discutió el tema de la desaparición de organismos autónomos como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). El funcionario acusó que la creación de esos entes autónomos fue una “construcción perversa para darle una total preponderancia al sector privado”. La falsedad flagrante se encuentra en la parte final de la acusación. En la medida en que esos órganos cumplen funciones de interés público —es decir, funciones de Estado—, sus funcionarios son designados por el Ejecutivo y aprobados por el Judicial y su funcionamiento está subordinado a una regulación expedida oficialmente por las autoridades, era literalmente imposible que su existencia y operación haya respondido a la finalidad de “darle una total preponderancia al sector privado”.

bdonatello@eleconomista.com.mx

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico

Lee más de este autor