Un nuevo organismo con el que vamos a estrenar el año nuevo es la denominada fiscalía anticorrupción, que como todo lo que creen los legisladores que funciona, tendrá que gozar de autonomía. Esto que en teoría suena muy bien quizá no logre sus objetivos, ya que como el problema de la criminalidad, que no se resuelve aumentando el número de policías, sino analizando el contexto social en que el fenómeno se presenta, para empezar por combatir todo aquello que fomenta estas actividades, al no tener claro el contexto socioeconómico en que se presenta la corrupción, la fiscalía y un conjunto de leyes poco podrán hacer. Otros casos similares son el de acceso a la información, los derechos humanos, la igualdad de las mujeres y otras tantas cosas que los legisladores presumen como elevados logros, con sus leyes y organismos autónomos, la verdad sólo han servido para aumentar el número de burócratas con sueldos elevados, que se otorgan prestaciones que nadie más tiene y que luego se retiran con unas pensiones que ya quisiera cualquier mortal.

El fenómeno real es que la corrupción está arraigada dentro de la sociedad y la gran pregunta es si fue primero el servidor público o el funcionario privado que solicita una dádiva a cambio de su intervención, o las personas ofreciendo un pequeño regalo a cambio de un favor. La cuestión está en que ambos piensan que su utilidad ha aumentado al conseguir lo que buscaban; uno su retribución y el otro un favor. Aunque visto a fondo, la utilidad de toda la sociedad disminuye. Simplemente la pérdida de confianza en las instituciones y en los funcionarios, públicos y privados, le cuesta a toda la sociedad, aunque son sólo unos cuantos quienes gozan temporalmente de un pequeño beneficio. Al parecer, hoy en día no podemos aspirar a tener un ambiente de cordialidad y a construir un mayor acervo de capital social, si nos encontramos en una situación en la que pareciera que se trata de todos contra todos.

Hay corrupción hasta en varios colegios privados, en donde para ingresar las mamás deben solicitar una inscripción desde los 21 días de embarazo; y es claro que nunca falta quien por una lana quiere que su hijo sea admitido en el ciclo académico actual y frente a un roto siempre hay un descosido que hace el favor a cambio de un pago en efectivo. Ni qué decir de las licitaciones públicas, que con todo y Compranet están demasiado viciadas y los programas de compras y obra pública, en donde todo proveedor o contratista, actual o potencial, tiene que ponerse a mano para que le haga justicia la revolución.

Podríamos empezar por hacer un pacto social quienes vivimos en este sufrido país, para que nadie esté dispuesto a soltar un pago a cambio de un favor y denuncie públicamente a quien solicita premios. Posiblemente empecemos a ver que no sale ningún contrato, pero conforme vaya pasando el tiempo el gobierno tendrá que reaccionar y hacer algo para limpiar los procesos, sin leyes ni organismos autónomos que todo entorpecen, cuestan y sirven para poco. El siguiente paso es educar a los hijos a vivir libres de corrupción y a denunciar cuando sean víctimas de un acto de este tipo, o cuando sean testigos de alguno que se cometa. Construiremos el acervo de capital social que hemos perdido, recuperando la confianza, primero de unos a otros y luego en nuestras instituciones.

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