En 2020, los gobiernos del mundo actuaron a una escala y velocidad impresionantes para movilizar recursos en respuesta al Covid-19. En abril del año pasado, habían asignado colectivamente 9 billones de dólares para amortiguar los impactos económicos de la pandemia.

Como ilustran estas sumas deslumbrantes (y refuerzan las asociadas con el desplome bancario de 2008), hacer frente a una crisis es muy costoso, tanto en términos económicos como en relación con los impactos sociales. Por lo tanto, donde sea previsible una crisis, como en el caso del cambio climático y la creciente pérdida de biodiversidad, las sociedades deberían invertir en medidas preventivas.

La ciencia nos muestra que los impactos de la humanidad en el planeta se están intensificando y las tendencias ambientales van en la dirección equivocada. En respuesta, ha habido llamamientos para intervenciones sistémicas de destacados organismos internacionales, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Estas agencias recomiendan una transición rápida hacia una economía baja en carbono, con pocos recursos y que restaure la naturaleza. Están promoviendo la necesidad de una reforma fundamental de nuestros sistemas económicos, para que la igualdad, el medio ambiente y el bienestar sean fundamentales para el funcionamiento de nuestras economías. Es una agenda que ha sido respaldada por actores principales como el Foro Económico Mundial, el Financial Times y The Economist.

Utilizando este análisis y los aportes de expertos en políticas, academia y negocios, siguiendo una propuesta de la New Economics Foundation, proponemos un paquete de ocho áreas de reforma que se apoyan mutuamente en la segunda parte del informe. Estas políticas ayudarían a acelerar significativamente la transición hacia una economía resiliente a nivel internacional:

1. Un presupuesto de bienestar que redefine lo que valoramos en nuestra economía y, en consecuencia, asigna una mayor proporción de recursos públicos y privados hacia resultados ambientalmente sostenibles y socialmente beneficiosos.

2. Un conjunto modernizado de reglas fiscales gubernamentales en el que aseguren la disponibilidad de recursos suficientes para complementar el presupuesto de bienestar. Esto permitirá al gobierno del México solicitar más préstamos a las bajas tasas de interés actuales e invertir en los sectores con bajas emisiones de carbono y eficientes en el uso de recursos que sostendrán el desarrollo económico del país durante las próximas décadas.

3. Mayor respaldo para redirigir el dinero para ayudar a financiar la transición verde, a través de una nueva autoridad nacional de inversiones de México. Esto jugará un papel activo en el mercado mediante la inversión de recursos públicos en misiones o resultados específicos (como alcanzar el objetivo cero neto en México).

4. A nivel financiero, este cambio en las inversiones se acelera mediante evaluaciones obligatorias de riesgo financiero y su divulgación para los bancos privados que integran riesgos ambientales no tradicionales en sus marcos contables y de evaluación de riesgos.

5. La divulgación de estos riesgos también es una condición previa para la orientación del crédito verde. Al tener en cuenta los riesgos climáticos y ecológicos en sus compras de activos y marcos de garantías, los bancos centrales ayudarán a trasladar las inversiones de actividades nocivas a sectores ecológicos.

6. Un impuesto al valor de la tierra para generar una nueva fuente de financiamiento de inversiones y generación de recursos para apoyar a los hogares de bajos ingresos. Esta política tendrá efectos insignificantes en la actividad económica, pero ayudará a corregir las desigualdades de riqueza y poder. Sus impuestos aumentan el valor de la tierra al mismo tiempo que aumentan la eficiencia del uso de la tierra en las zonas rurales, y reducirán el sellado del suelo y la fragmentación del paisaje.

7. Ingresos fiscales adicionales por topes de recursos. Estos aseguran que los aumentos en la eficiencia de los recursos se traduzcan en una reducción absoluta en lugar de relativa en el uso de los recursos. Al hacerlo, ayudan a controlar la pérdida de biodiversidad y garantizan que los ecosistemas puedan recuperarse naturalmente a un estado más sostenible.

8. Impuestos ambientales fronterizos que ponen un precio más alto a las importaciones de bienes ambientalmente nocivos. Estos garantizarán que la economía nacional sea competitiva, al mismo tiempo que reducirán las emisiones de carbono y protegerán la biodiversidad.

¿Serán suficientes o correctos? En todo caso, mejor que las reformas a la Ley de la Energía Eléctrica aprobada por López Obrador, tomando en cuenta además que ya se cocina la reforma fiscal.