La migración en Centroamérica, y particularmente en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), se ha convertido en una necesidad de supervivencia. Esto como resultado de políticas públicas fallidas tanto del lado estadounidense como en la propia región. Las naciones centroamericanas enfrentan problemas sociales, políticos y económicos desde su independencia proclamada en 1821. A meses del bicentenario de independencia y después de un año de pandemia y una de las peores temporadas de huracanes, la desigualdad, las vulnerabilidades institucionales y la corrupción endémica siguen obstaculizado el crecimiento inclusivo, deteriorando el Estado de derecho.

La administración Biden ha anunciado la asignación de US4 billones de dólares que se desembolsarían en el plazo de cuatro años a los tres países para abordar las "causas de raíz" de la emigración. Eso es aproximadamente el doble de la cantidad de recursos desembolsados por la administración Trump que, en los últimos años de su período, cortó la ayuda para castigar a los países por no tomar medidas enérgicas para reducir los flujos migratorios. Estados Unidos siempre ha sido el socio comercial por excelencia en la región, y su influencia tiene más peso que el de cualquier otro actor de la comunidad internacional. La actual administración parece entender la importancia de contar con estabilidad y crecimiento a largo plazo en Centroamérica, y esto solamente se puede alcanzar responsabilizando a los líderes de la región por el bienestar de sus ciudadanos, en medio de calamidades de salud pública y catástrofes ambientales. La política de Trump hacia Centroamérica fue cruel, pero, sabiamente, Biden quiere y debe revertirlo.

Los recursos monetarios por sí solos no podrán construir democracias viables en la región. Basta con ver la deriva autoritaria de Nicaragua y una situación similar en Honduras y El Salvador. Estos países necesitan sistemas de educación, vivienda y salud que funcionen. Necesitan estructuras económicas inclusivas que consideren el cambio climático como un eje transversal a la hora de atraer inversión extranjera. Y necesitan sistemas de seguridad social y otras estrategias de prevención del delito que permitan a las personas vivir sin miedo.

En otras partes del mundo, estos migrantes serían llamados refugiados, porque en lugar de elegir embarcar en un viaje atraídos por mejores oportunidades en el norte, huyen empujados por condiciones debilitantes en sus países de origen. La estrategia propuesta por la administración Biden-Harris debe abordar estos factores y en particular la corrupción. Una alianza holística con Centroamérica, no solamente con el Triángulo Norte, que vaya más allá de la dotación de recursos en la forma de dinero o asistencia técnica, que incluya una inversión sostenida y sistemática, rendirá frutos en los próximos años. Sin una estrategia articulada e integral liderada por Estados Unidos, la región se hundirá aún más en la desesperanza, desperdiciando la oportunidad de invertir en la fuerza laboral joven de estas naciones, sobre todo ya que esta ventana demográfica se está cerrando rápidamente. La administración de Biden tendrá que apoyar reformas estructurales como parte de una recuperación post-pandémica y una reconstrucción después del azote de los huracanes Eta y Iota.

Centroamérica se encuentra en una encrucijada: los desafíos son vastos y complejos, más no insuperables. Los factores que hacen que tantos huyan, no desaparecerán de la noche a la mañana, y para afrontar la crisis en la frontera de Estados Unidos, se requiere que los responsables de la formulación de políticas la aborden de una manera diferente. Una estrategia que mejore la gobernanza, castigue la corrupción y promueva la creación de oportunidades económicas inclusivas es esencial para que las y los centroamericanos puedan vivir las vidas decentes y dignas que se merecen.

*Investigadora del Wilson Center.

@GinaKawas