La semana pasada iniciamos el análisis de la idoneidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) para satisfacer su propósito constitucional. Como primer hecho, demostramos que en las cárceles se utilizan teléfonos robados o tarjetas SIM piratas para realizar llamadas de extorsión, con la colusión de los custodios que apagan selectivamente los equipos bloqueadores.

También en la exposición de motivos de la segunda iniciativa presentada por Morena, se hace referencia a un estudio elaborado por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, que determinó que únicamente en 2017 se robaron 939,000 celulares, de los cuales más de mil se usaron para secuestros o extorsión.

Es predecible y altamente probable que al implementarse el Panaut los delincuentes prefieran robar los equipos para que la presunción de culpabilidad recaiga sobre el titular registrado, y no sobre ellos.

Por otro lado, también las exposiciones de motivos de las iniciativas que derivaron en el Panaut, hacen referencia a un intento previo de implementar un Registro Nacional de Usuarios del Servicio Móvil (Renaut), y reconocen en todos los casos que el mismo no tuvo éxito ni contribuyó a la prevención e investigación de los delitos. De hecho, la exposición de motivos de la iniciativa que resultó en la derogación del Renaut es bastante ilustrativa en cuanto a las causas por las que el Renaut fracasó. Se transcribe el extracto conducente:

“Lo cierto es que la creación del [Renaut] no ha rendido frutos en la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión. Diversos estudios demuestran que dichos fenómenos delictivos continúan en aumento y que el uso de teléfonos móviles para cometerlos sigue siendo común. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, en 2010 el número de secuestros se incrementó en más de 8% con respecto a 2009. Y según cifras de la organización México Unido Contra la Delincuencia, por cada plagio denunciado ocurren ocho más.

Un dato adicional: antes de la implementación del Renaut, se registraban cerca de 4,400 llamadas de extorsión al día. En 2010, la cifra se incrementó en más de 40% al alcanzar las 6,400 diarias.

En gran medida, la incapacidad del Renaut ha sido producto de la idea de que el registro de usuarios de celulares en una gran base de datos nacional garantizaría la ubicación de los responsables de un delito. Una idea errónea fundada sobre el argumento de que los delincuentes utilizarían aparatos de comunicación móvil registrados a su nombre o a nombre de sus cómplices. La realidad es otra.

Asimismo, algunos especialistas afirman que la obligación de registrar teléfonos móviles ha generado incentivos para el robo de equipos. Como ya se ha dicho, se calcula que cerca del 40% de los asaltos a transeúntes tiene como objetivo el robo de equipos celulares.

[...].

Al final, queda claro que el Renaut se inscribe en una clara tendencia de dejar en manos de los ciudadanos responsabilidades y deberes que corresponden exclusivamente a la autoridad.”

Si bien existen diferencias entre el Renaut y el Panaut, más bien derivan de que el Panaut implica una invasión mucho más agresiva que la del Renaut a los derechos fundamentales de los particulares, pues ahora se exige el registro de datos biométricos sensibles, y se prevé la presunción de culpabilidad del titular registrado del servicio.

Por todo lo anterior, es evidente que la medida no es idónea para alcanzar la finalidad que con la misma se pretende, por lo que no supera este paso del test de proporcionalidad.

Continuará.

@gsoriag

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.

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