En este Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe, podemos celebrar algunos avances hacia el pleno acceso de las mujeres a una maternidad libremente elegida. La despenalización del aborto en Argentina y Veracruz, así como las recientes determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, representan un reconocimiento de que la maternidad no puede imponerse por creencias religiosas, normas morales o leyes constrictivas.

Estos logros del feminismo y de los movimientos de mujeres no son, sin embargo, suficientes. En América Latina susbisten feudos patriarcales donde la prohibición del aborto es total; en México mismo falta un largo trecho para que las decisiones de la SCJN se concreten y, sobre todo, para que la despenalización del aborto en todo el país garantice en la realidad el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.

En América Latina, el aborto en las primeras semanas del embarazo sólo es legal en seis países, entre ellos Uruguay y Argentina, que lo logró en 2020 gracias a movimientos feministas  y por los derechos humanos bien organizados. En cambio, cinco países lo prohiben sin matices: Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Haití. Aunque en todos éstos pesan el conservadurismo civil y clerical, no está de más señalar el autoritarismo prevaleciente en los tres primeros, sobre todo en Nicaragua, donde el líder surgido del sandinismo es hoy un sátrapa, acusado, además de violar a su hijastra. En el resto de la región varían las causales que lo permiten, ya sea sólo cuando la salud o la vida de las mujeres está en peligro (como en Perú), cuando el producto es inviable, o cuando el embarazo se debe a violación, incesto, inseminación forzosa, etc.

Para los autoritarismos, el control del cuerpo de las mujeres es un medio de mantener subyugada a la mitad de la población. Sin posibilidades de decidir si quieren ser madres, cuándo y cuántas veces, las mujeres ven coartadas sus libertades, cancelado u obstaculizado su proyecto de vida. Su vida y su salud física y mental, además, pueden correr grave riesgo en ciertas circunstancias.

México se precia de ser un país democrático y así parecen confirmarlo las determinaciones de la SCJN acerca de la inconstitucionalidad de la prohibición total del aborto y  de la "protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural", utilizada para restringir los derechos de las mujeres, y acerca de la   "objeción de conciencia médica" que deberá delimitarse en la Ley de Salud.  Estos cambios legales, sin embargo, son insuficientes en un país donde la letra de la ley no suele corresponder a la práctica, donde se permite que las iglesias se inmiscuyan en asuntos públicos, donde más de un agente político oportunista ha votado iniciativas de sesgo confesional y donde el  presidente de la República mantiene un discurso conservador y autoritario.

 Así, aunque SEGOB haya solicitado al poder judicial que libere a mujeres presas por abortar, todavía debe garantizar que se libere también a quienes han sido falsamente acusadas de "homicidio agravado en relación de parentesco", en vez de aborto, para aumentar sus condenas. Todavía hace falta  que el Congreso delimite la objeción de conciencia médica conforme a los lineamientos de la SCJN  y no vuelva a ceder a la presión de grupos antiderechos (o del Episcopado que ya empezó a movilizarse, y al que SEGOB debería recordar el carácter laico de esta república). También queda pendiente, por otro lado, que la Secretaría de Salud garantice el acceso a la ILE en todos los casos de violación y que en la Ciudad de México las instituciones de salud federales se apeguen a la ley de salud local.

En una verdadera democracia y en un Estado laico, el aborto legal y seguro debe ser un derecho reconocido,  garantizado y protegido por la ley.  

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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